Bogotá, 26 sep (PL) Con un cronograma de trabajo definido, el Gobierno y los campesinos colombianos en protesta comenzarán hoy a trabajar en uno de los seis puntos de la agenda con la que esperan lograr una salida a la crisis del campo.
Los representantes de la Mesa Nacional Agraria de Interlocución y Acuerdo y los representantes gubernamentales, que firmaron el viernes último un acta de compromiso, se reunirán en la norteña ciudad de Medellín con el tema de los cultivos ilícitos en el centro de las discusiones.
En recientes declaraciones a Prensa Latina el presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Eberto Díaz, precisó que en este encuentro también se abordará las garantías de protección para los líderes campesinos que participaron en el paro nacional, iniciado el pasado 19 de agosto.
Según el acta de acuerdo las partes decidieron desarrollar una mesa que sesionará cada jueves en jornada de ocho horas en diversos puntos de la nación como Bogotá, Florencia, Tumaco, Ibagué y Neiva.
Nos reuniremos en otros departamentos hasta el 12 de diciembre y esperamos que al final de este ciclo podamos tener ya acuerdos que solucionen a corto, mediano y largo plazo la crisis del agro, apuntó Díaz quien reiteró que el paro no se ha levantado, solo está en un receso.
En los seis puntos de exigencias, los agricultores abogan por acceso a la propiedad de la tierra, reconocimiento a la territorialidad e inversión social en la población rural y urbana en salud, educación, vivienda y servicios públicos.
Los agricultores han insistido en avanzar «hacia una política de reforma agraria integral que reconozca los territorios colectivos indígenas y afro, que dote de la tierra y territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte los grandes latifundios que han concentrado la mayor parte de la tierra cultivable».
A las multitudinarias protestas, que dejaron un saldo de 12 muertos, más de 480 heridos y cuatro desaparecidos, se sumaron médicos, estudiantes, maestros, obreros y mineros en rechazo a las políticas económicas neoliberales implantadas por el Estado.