Buenos Aires, 30 sep (PL) El gobierno argentino está hoy expectante sobre la decisión que debe adoptar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Estados Unidos, la cual definirá el futuro de su disputa legal en Nueva York con grupos financistas, denominados fondos buitre.
Acorde con lo reseñado por casi todos los medios de difusión locales, luego del receso estival, la CSJ sostiene este lunes una reunión privada, en la cual decidirá qué expedientes analiza de los que llegaron a esa instancia.
Entre los documentos está la apelación de Argentina al fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa, ratificado por la Cámara de Apelaciones de esa ciudad, que obliga al Estado argentino a saldar en un solo pago y sin quita una deuda de unos mil 300 millones de dólares con un grupo de financistas.
Lo hizo bajo el argumento de que Argentina violó la cláusula pari passu, término financiero que significa a igual, al no pagarles a los buitres, pero sí cancelar los vencimientos de los bonos emitidos tras el canje.
Esos grupos representan menos del tres por ciento de los acreedores de Argentina, mientras el restante 97 por ciento aceptó renegociar el débito en los canjes de 2005 y 2010.
De acuerdo con el diario Página 12, en el Gobierno confían en que no habrá una desestimación por parte de la Corte Suprema de Justicia, aunque eso no implica necesariamente que vaya a tomar el caso.
Esa instancia también tiene la opción de girar el expediente al Procurador General o esperar a que se resuelvan las apelaciones surgidas luego del fallo de Cámara de Apelaciones de Nueva York del pasado 23 de agosto, como sugirió Argentina.
De hecho, lo que tendría que resolver la CSJ estadounidense ahora es un pedido de apelación del primer fallo de la Cámara neoyorquina, previo a su última resolución, señala Página 12.
Como el caso argentino se trata junto con muchos otros, puede que los magistrados no lleguen a tomar una decisión este lunes y que incluso la posterguen hasta la semana próxima, por lo que la expectativa perdurará en los círculos gubernamentales.
Luego del veredicto de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, la administración argentina propuso un nuevo canje como muestra de buena voluntad para solventar el problema a través de una renegociación de esa deuda, adquirida por el gobierno del expresidente Carlos Menem a mediados de la década de 1990.
La presidenta Cristina Fernández elevó el caso a la Asamblea General de la ONU, donde solicitó a la comunidad internacional colaboración ante este litigio, y tras asegurar que Argentina cumple sus compromisos, denunció que es víctima de normas no escritas por los grandes centros financieros y los fondos buitre.
Y en ese sentido, sugirió que se establezca una ley global financiera que regule y controle el mercado para asegurar una gobernanza adecuada y justa de las finanzas mundiales, en las que todas las naciones tengan los mismos derechos y obligaciones.