Candidatos propuestos por el Presidente de la República para integrar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, consideraron que si el Estado no logra reparar integralmente el daño a las víctimas de la violencia, la reforma constitucional en materia de derechos humanos será “letra muerta”.
Hicieron notar que la población se encuentra en circunstancias de sufrimiento, angustia y vulnerabilidad debido al clima de inseguridad que vive el país en los últimos años, por lo que es fundamental que este nuevo órgano ayude a reconstruir el tejido social.
Lo anterior, durante su comparecencia ante las comisiones de Justicia y de Gobernación, que presiden los senadores Roberto Gil Zuarth y Cristina Díaz Salazar, respectivamente.
Al respecto, el senador panista Roberto Gil Zuarth refirió que el Ejecutivo Federal envió siete ternas de candidatos para que, en su caso, sean ratificadas por el Senado de la República.
Mencionó que en la convocatoria que se publicó en mayo pasado se recibieron 61 propuestas, de las cuales 38 cumplieron con los requisitos legales.
Al iniciar la ronda de los candidatos para ocupar el cargo por cinco años, Felipe Alcántara Espinosa, catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México, dijo que es momento de dar respuesta a los llamados de protección que exige la sociedad ante el clima de violencia que se vive en el país.
Hizo notar que la población se encuentra en circunstancias de sufrimiento, angustia, depresión y vulnerabilidad, por lo que es fundamental que este nuevo órgano cumpla con los postulados de la Ley General de Atención a Víctimas, a fin de reparar los daños provocados por omisiones y negligencias de autoridades y servidores públicos.
A su vez, Adrián Franco Zevada, ex funcionario de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, mencionó que estamos en una etapa donde la Comisión Ejecutiva puede ser un organismo más con recursos públicos muy importantes o llevar a cabo un parteaguas que permita un cambio en esta materia.
Consideró que se están sentando las bases para lograr una reconciliación social, por lo que los integrantes de la Comisión Ejecutiva deben tener la firmeza para aplicar la Ley y emplear sus recursos públicos, a efecto de lograr la reparación integral de las víctimas.
Julián Germán Molina Carrillo, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, subrayó que si el Estado mexicano no lograr reparar el daño a las víctimas, la reforma en materia de derechos humanos quedará como “letra muerta” y una vez más las personas que han sufrido la violencia quedarán sin ver satisfechas sus demandas.
El también, ex funcionario del Poder Judicial de esa entidad, estimó necesario una mayor humanización en las actividades de los tres niveles de gobierno, a fin de atender a las personas que han sufrido la violación de sus garantías y brindarles asistencia, protección, atención, derecho a la verdad, a la justicia y la reparación integral del daño.
En su oportunidad, Eric García López puntualizó que para disminuir los homicidios se tiene que fortalecer “de raíz” la política de atención a víctimas desde la infancia, para que las escuelas primarias públicas y privadas impulsen programas de mediación que permitan que los individuos resuelvan sus conflictos de manera “amigable”, para que no lleven las circunstancias del desacuerdo hacia la violencia.
Dijo que la base de cualquier política pública es la congruencia social, “la ley no basta, el que se decrete una legislación no implicara que cambie la realidad, lo que se tiene que hacer es que se operativice el control social”.
La doctora Susana Thalía Pedroza de la Llave señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe trabajar de manera transversal, ya que se requiere de una relación activa, coordinada y respetuosa con todos los involucrados en el sistema, a fin de que sea un tema prioritario en el desempeño de todos los servidores públicos.
Respecto de la procuración de justicia, dijo que es fundamental eliminar la práctica de los Ministerios Públicos, donde en lugar de iniciar averiguaciones previas, sólo levantan actas circunstanciales que no tienen fundamento legal, ni seguimiento y por ende dejan a las víctimas sin derechos.
Ramiro Pérez Reynoso manifestó que el principal reto de esta Comisión se encuentra en institucionalizar en todas las entidades públicas de los 3 órganos de gobierno, la responsabilidad que implica el cumplimiento de la obligatoriedad del respeto de los derechos humanos de las víctimas.
En este sentido, propuso impulsar un artículo dentro de la Constitución que sea exclusivo para las víctimas.
Posteriormente, al iniciar la tercera terna para ocupar el cargo por tres años, María Gabriela Delgado Ballesteros expresó que es necesario que el Sistema Nacional de Víctimas tenga una visión multifactorial de los fenómenos ya que se requiere de una política integral donde todos los sectores presenten una política estructural que cambie las estructuras, a fin de que no sólo seas asistencial.
“Requerimos de una reconstrucción del tejido social y sobre todo lograr una búsqueda incorruptible de justicia para poder desarrollarnos como personas, comunidad y país”.
Por otro lado, Felipe de Jesús Rodríguez Domínguez subrayó que la Ley General de Víctimas ayudará para “apretarle las tuercas” al Sistema Penal Acusatorio de este país y destacó que uno de los temas pendientes de la sociedad mexicana es el de los feminicidios, ya que los casos de esta índole tienen el 98 por ciento de impunidad.
En este sentido, señaló que el problema de los feminicidios es antropológico y educativo, “mientras no le metamos lana a la educación y a este sistema, no vamos a poder hacer nada al respecto”.
En su oportunidad, Sergio Jaime Rochín del Rincón, académico de la Universidad Panamericana, aseguró que la inseguridad, la impunidad y la corrupción han ocasionado un crecimiento desmedido de la violencia en los últimos años “asociado a un sistema de procuración de justicia por demás ineficaz y anacrónico”.
Ante este panorama, agregó, el espectro de víctimas se evidenció, creció y diversificó, por lo que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas constituye un pilar imprescindible para la efectiva procuración e impartición de justicia del Estado mexicano, además de que la Ley General significa un instrumento legislativo inédito y su aplicación debe ser difundida, estudiada y puesta en práctica por los comisionados que resulten electos.