Quito, 1 oct (PL) La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, convocó hoy, para el jueves próximo, el segundo debate sobre la declaratoria de interés nacional sobre la explotación petrolera en el parque Yasuní.
Los legisladores debatirán el documento que fue elaborado por la Comisión de Biodiversidad, el cual establece 16 puntos que condicionan la actividad extractiva en los bloques 31 y 43, en una extensión de área intervenida no mayor al uno por mil del área actual del Parque Nacional Yasuní, unas 900 mil hectáreas.
Apunta que la explotación será con el propósito de cumplir los deberes primordiales del Estado: garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza y alcanzar el Buen Vivir o Sumak Kawsay.
Precisa que el Legislativo excluye de esta declaratoria de interés nacional realizar actividades extractivas en la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, delimitada mediante decreto ejecutivo en le 2007.
La Función Ejecutiva instaurará un sistema de monitoreo integral por niveles de los impactos que las actividades extractivas autorizadas generen sobre las personas, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y el ambiente en el Parque Nacional Yasuní, indica el informe.
Además se ratifica el planteamiento del gobierno que estos recursos servirán para el cambio de la matriz productiva, construir la sociedad del conocimiento, lo que implica que los recursos se inviertan en educación, investigación, ciencia, tecnología y salud.
Asimismo, deberán servir para un pacto territorial que permita atender en forma prioritaria a los habitantes de las provincias amazónicas, pueblos y nacionalidades indígenas, a los gobiernos autónomos descentralizados de esta región y a los territorios con mayores brechas de necesidades básicas insatisfechas.
El gobierno deberá implementar, con la participación de centros de investigación y académicos nacionales e internacionales, un programa de investigación sobre el patrimonio cultural, biológico y la biodiversidad existente en el Parque Nacional Yasuní.
Garantizará que la operación en los bloques 31 y 43 sea de responsabilidad de la empresa pública nacional, actualmente Petroamazonas, destaca.
En el documento se pide constituir un observatorio ciudadano amparado en el marco de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que realice un seguimiento a los procesos de exploración y explotación.
Ese ente velará también el destino de los recursos y el cumplimiento de las medidas cautelares, y en general, de todos los lineamientos establecidos en la declaratoria.
El texto contempla la suspensión de las actividades extractivas en caso de avistamiento de pueblos en aislamiento voluntario, el compromiso de aprobar la Ley de Régimen Especial de la Amazonía, el tratamiento del Código Ambiental y la exhortación para que se impulse una política de industrialización y procesamiento del crudo.