Existen las condiciones para buscar los consensos entre los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados, a fin de concretar una ley de amnistía que permita la liberación del profesor Alberto Patishtán, coinciden senadores de la República.
Lo anterior, durante una reunión que sostuvieron con representantes de organizaciones civiles de derechos humanos, quienes también se pronunciaron a favor de esta iniciativa.
Al respecto, la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que detrás de la detención de Patishtán se encuentra una cuestión política por la confrontación entre diversos grupos en los municipios de Simojovel y El Bosque, lo que da como resultado un proceso “viciado”.
Dijo que ante la decisión del Poder Judicial de ratificar la sentencia en contra del profesor sólo existen tres caminos para lograr su liberación: el indulto, recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Ley de Amnistía.
En este sentido, indicó que se están buscando los consensos entre los diferentes grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados para concretar esta ley, que pondrá término a la pena establecida al profesor Patishtán.
El objetivo, precisó, es buscar una salida legislativa-jurídica que permita incidir en que se reconozca su inocencia y no que se le perdone por algo que no cometió.
El representante del Comité por la Libertad de Alberto Patishtán, Raúl Romero Gallardo subrayó que la decisión de rechazar la inocencia del profesor por parte los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez “sólo abona a la crisis de credibilidad y legitimidad que hoy día caracteriza a las instituciones mexicanas”.
Argumentó que el Estado mexicano aún tiene posibilidades para enmendar su error y liberar a Alberto Patishtán, por lo que “confiamos en que senadores y senadoras sabrán estar a la altura de las circunstancias, escuchar a la sociedad nacional, hacer justicia y regresarle su libertad al profesor por la simple y sencilla razón de que es inocente”.
Informó que el tumor en el cerebro que hace unos años padeció el profesor le ha reaparecido, además de que sufre diabetes, “pero la única enfermedad que enfrenta Alberto Patishtán se llama injusticia y es un mal al que todos estamos expuestos, y erradicarla es nuestro deber”.
Después de hacer un recuento de las irregularidades cometidas en el proceso que se aplicó a Patishtán, el abogado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Julio Hernández Barros, afirmó que este tipo de casos confirman la selectividad de la justicia mexicana.
Lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya negado a atraer el caso del indígena tzotzil, pues esa actitud no concuerda con la propia postura de este máximo tribunal en asuntos tan emblemáticos como el de Florence Cassez, a quien decretó su inmediata libertad arguyendo violaciones procesales.
Consideró que las prebendas a narcotraficantes, políticos, extranjeros influyentes, empresarios acaudalados y líderes sindicales “son el pan de cada día”, mientras que el grueso de la población ve vulnerados con reiteración sus más elementales derechos humanos.
Por ello, opinó que es inédito que un Poder del Estado tenga que enmendarle la plana a “la terrible negligencia” de otro, pues los razonamientos jurídicos que se discuten en el Senado para crear una iniciativa de ley de amnistía que ponga freno a la injusticia de más de trece años cometida contra Alberto Patishtán son suficientes para su aprobación.
Hizo notar que el anteproyecto de ley deja salvo los derechos de las víctimas y permite que los familiares de aquellas personas que perdieron la vida en los hechos puedan solicitar que el Ministerio Público continúe con la investigación para el conocimiento de la verdad histórica.
A su vez, la senadora priista Arely Gómez González externó que el Congreso no tiene la función de intervenir en la determinación de la responsabilidad penal de las personas; sin embargo, como Estado democrático y protector de los derechos humanos debe contemplar “procedimientos de excepción para situaciones de excepción” y uno de esos procedimientos es la amnistía.
En este sentido, aclaró que la expedición de leyes de amnistía por parte del Poder Legislativo no es arbitraria ni discrecional, pues el Estado cuenta con un nuevo marco de protección a las garantías y es integrante del sistema interamericano de derechos humanos.
Subrayó que como legisladores “debemos trascender nuestra labor jurídica más allá de la expedición de las leyes, pues también tenemos la responsabilidad de dar seguimiento a la correcta implementación de las mismas y del orden constitucional y democrático”.
Rigoberto Ortiz, representante del Instituto Nacional de Ciencias Penales, expuso que el papel que juegan la mayoría de los traductores indígenas es uno de los vicios que son bastante comunes en las comunidades indígenas del país.
El problema, precisó, es que los traductores tienen un concepto muy limitado de la cosmogonía indígena, por lo que convendría establecer la figura de un intérprete que no sólo haga el traslado de las palabras sino que tenga ese conocimiento de la visión del mundo indígena.
El senador del PRD, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez expresó que detrás de este caso hay decisiones de carácter político, ya que se buscó fabricar un culpable, “lo que tiene que ver con una de las peores prácticas que existen dentro de las corporaciones policíacas cuando no se encuentra a los responsables, se fabrican culpables y chivos expiatorios”.
Aunado a ello, aseguró que otra decisión política es la del Poder Judicial, que no es “capaz” de reconocer y revertir sus errores también basados en un principio de autoridad, siendo tan evidentes las faltas y fallas en el proceso que se siguió contra el profesor.
En este sentido, dijo que la propuesta encaminada al indulto sería poco ética, ya que establece una presunta responsabilidad al profesor cuando no cometió un delito, mientras que la iniciativa de amnistía puede cumplir mejor con este propósito de una resolución de excepción, derivado de tanta injusticia.
Manifestó que hay condiciones para aprobar la ley de amnistía y corregir actitudes que han permitido liberar a uno de los principales capos del narcotráfico por errores en los procedimientos jurídicos y negar el reconocimiento a la inocencia del profesor indígena.
El representante de Amnistía Internacional, Daniel Zapico afirmó que México sólo tiene dos alternativas: garantizar la libertad inmediata de Patishtán, o como Estado, ser cómplice de la injusticia “porque si se mantiene algún día determinará la Corte Interamericana una nueva condena para México”.
Aseguró que México es un país con muchas leyes y muy poca justicia, ya que este caso es el reflejo del funcionamiento del sistema de procuración en el país en donde “ser indígena y tener que enfrentarse a una acusación, supone una condena casi segura en muchos casos”.
Dijo que la iniciativa no va afrontar el problema profundo del sistema judicial en México, sin embargo podrían a ayudar a avanzar y reducir la probabilidad de que un inocente termine en la cárcel “y aumentar la probabilidad de que los verdaderos responsables terminen rindiendo cuentas”.
El senador del PRD, Manuel Camacho Solís señaló que esta ley de amnistía beneficiará a un solo hombre, “pero en la circunstancias que vive hoy el país, tiene un enorme significado político, porque así se verá si este régimen se va a ir por la línea autoritaria, o somos capaces de abrir cauces civilizados a la solución de los conflictos”.
Expresó que en un sistema de justicia democrático se caracteriza por sancionar penalmente a quien lo merezca, “pero también por reconocer la inocencia de aquel que el Estado ha acusado de manera equivocada”.
Cabe señalar que Alberto Patishtán fue sentenciado a más de 60 años de prisión por su supuesta participación en una emboscada efectuada en los municipios Simojovel y El Bosque, Chiapas, donde murieron seis policías municipales.