Managua, 2 oct (PL) El Tribunal de Apelaciones de Managua redujo a la mitad las condenas de hasta 35 años de cárcel dictadas contra 18 narcotraficantes ligados al consorcio Televisa, confirmó hoy un comunicado del Poder Judicial en Nicaragua.
En virtud de esa resolución de segunda instancia los jefes del grupo, Raquel Alatorre y Juan Torres, sólo deberán cumplir internos 18 años, en tanto los otros 16 procesados enfrentarán un año menos.
Los mexicanos fueron condenados el 18 de enero en este país por transporte internacional de drogas, lavado de dinero y crimen organizado, cinco meses después de haber sido capturados en el puesto limítrofe norteño Las Manos.
En el momento de la detención estos venían de Honduras en seis camionetas con rótulos y avales como empleados de dicho emporio mediático y trasladaban en uno de esos vehículos 9,2 millones de dólares, supuestamente para comprar droga en Costa Rica.
Según la sentencia inicial, pronunciada por el titular del Noveno Distrito Penal de Managua, juez Edgard Altamirano, los integrantes de esa banda delincuencial debían cumplir 34 y 35 años de cárcel, de manera respectiva.
El juez también impuso a los narcotraficantes pagar al Estado de Nicaragua una multa equivalente a mil días de salario mínimo del sector industrial, es decir 154 dólares mensuales, y abonar en cuotas la cantidad del dinero que les fue decomisado.
La resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua, emitida este 1 de octubre, redujo de 20 a 18 años la condena para los cabecillas del grupo en cuanto al delito de transporte internacional de estupefacientes, pero mantuvo la de siete años por lavado de dinero y crimen organizado.
Los miembros de ese órgano judicial decidieron el pago de manera simultánea y no sucesivas de las penas de cárcel y una vez cumplida la más larga, por transporte internacional de estupefacientes, los presos quedarán libres.
La víspera el portavoz oficial del Poder Judicial, Roberto Larios, descartó que la decisión de reducir las condenas revele debilidad por parte de la justicia de Nicaragua, y argumentó que el sistema judicial no se ensaña en los procesados, les respeta sus derechos y garantías.
El comunicador precisó que el dinero, las camionetas y los equipos intervenidos a los mexicanos fueron distribuidos entre diversas instituciones públicas y que los equipos de televisión que cargaban estaban obsoletos y sólo servían para enmascarar su actividad ilícita.