Representantes de la izquierda mexicana coincidieron en que la iniciativa presidencial de reforma energética colocará a México “al borde del precipicio”, pues la riqueza petrolera nacional se trasladará a la Bolsa de Valores de Nueva York, en un proceso irreversible, por lo que propusieron acelerar el proceso de consulta popular para frenar tal pretensión.
Lo anterior en el marco de los foros de reforma energética convocados por el Grupo Parlamentario del PRD, donde también se planteó la unión de todos los representantes y corrientes de izquierda en la defensa del petróleo, por encima de los diversos intereses político-electorales.
En su intervención, Marcelo Ebrard Casaubón criticó que durante giras internacionales, como la realizada a Londres, el presidente Enrique Peña Nieto haya afirmado que “México no tiene la tecnología necesaria para poder, expandir su exploración y por consecuencia explotación, particularmente del petróleo, pero también del gas y que no la va a tener… casi fue como un planteamiento de conmiseración, hizo un llamado a conmiseración”.
Ello, enfatizó el ex jefe del gobierno capitalino, no obstante que tan sólo en la industria del gas nuestro país registra un desarrollo de por lo menos siete décadas, agregando a esto que el ex presidente Felipe Calderón informó en agosto de 2012 que se había efectuado un gran descubrimiento en el Golfo, con una potencial de producción de 4 mil a 10 mil millones de barriles, hacia 2017.
“Decimos ahora, en 2013, que no tenemos la tecnología, pero además que no la vamos a poder tener e inclusive que no la podemos comprar…Lo que está diciendo el Presidente de la República es que somos un Estado fallido”.
Lo más preocupante, enfatizó, es que en Wall Street se ha informado que los contratos que conceda el gobierno mexicano tras la reforma energética, se podrán registrar en la Bolsa de Valores de Nueva York.
“¿Se pueden ustedes imaginar las fortunas que se van a generar y la inmensa cantidad de recursos que vamos a transferir a esas empresas por el sólo hecho de otorgarles derechos de exploración y explotación de una superficie dada?”, cuestionó Ebrard al tiempo de sostener que este hecho implicaría una gran corrupción, “sólo que con nuevos actores”, lo cual haría a un lado la transparencia ofrecida por el presidente Peña Nieto.
“Estamos al borde del precipicio, no exagero”, subrayó el representante de la izquierda al sugerir que el Senado legisle de inmediato para que se pueda realizar la consulta nacional, lo antes posible, para lo cual no existen obstáculos, pues acorde a la Constitución con el dos por ciento de la lista nominal de electores se puede pedir la opinión de la población.
Esto, “no puede ser frenado por el Congreso y menos por el Presidente de la República, -la consulta sería la fórmula democrática, legal y pacífica para resolver este diferendo”.
En este contexto, el senador Alejandro Encinas anunció que se han presentado ya dos iniciativas para reglamentar la consulta ciudadana, sin que se haya avanzado; sin embargo, acotó, “la experiencia ha demostrado que las reformas constitucionales pueden aplicarse sin ley reglamentaria, ejemplo de ello es la iniciativa preferente que se utilizó al término del gobierno anterior”, por lo que consideró viable acelerar la consulta nacional.
En este mismo sentido se pronunció Ifigenia Martínez, al tiempo de aseverar que el sector energético “no puede estar sujeto al mercado ni simplemente a la rectoría de los gobiernos neoliberales, debe ser manejado con visión de largo plazo de un Estado democrático, pues estamos hablando del funcionamiento de un bien de la nación, de un derecho imprescriptible y constitucionalmente tutelado, ante estas razones la iniciativas que el Ejecutivo que no cumplan estos requisitos, deben ser rechazadas”.
La perredista reflexionó sobre el concepto de renta petrolera, al apuntar que éste “forma parte del subsuelo y su consumo empobrece al país, razón por la cual la recaudación de la venta del petróleo no es un derecho fiscal, es un ingreso de capital por venta de patrimonio nacional y la única forma de justificar el derecho de la renta petrolera, es que su destino conserve su carácter permanente de recurso de capital; de ahí que la renta petrolera se debe apreciar como un bien de capital y debe emplearse en la inversión para el fomento industrial, infraestructura de desarrollo, etcétera”.
En su turno, Porfirio Muñoz Ledo hizo un llamado especial a los representantes de izquierda: “Tengamos un programa común y hagamos un frente único para la defensa del petróleo y un plan energético nacional, digno de este país, aparte de diferencias, de expectativas electorales, de naturaleza y estrategia particulares de las organizaciones, es evidente que ahí reside nuestro deber histórico”.
Esto, advirtió, ante el riesgo de que la reforma energética se convierta en un proceso sucesivo, pues “el cambio de -los artículos 27 y 28 constitucionales- podrán hacer las operaciones prácticas y también reformar consecutivamente las leyes, se trata entonces de un hecho histórico irreversible… Al perder su carácter estratégico –como sector-, el petróleo, gas y electricidad quedan sujetos de entrada al régimen de cualquier otra actividad productiva y, para colmo de males, se aplica en su totalidad las cláusulas del Tratado de Libre Comercio que dan acceso a los tribunales internacionales que permiten registrar en bolsa los contratos con lo que ya está transferida la renta petrolera”.
Muñoz Ledo catalogó esta posibilidad como “un cambio de categoría de país, pasaríamos de ser dependiente a un país colonial, con la presencia en todas partes, con una fuerza política, económica y corruptora de las grandes empresas trasnacionales”.
Esto, explicó, porque esta reforma se plantea en un marco de crisis internacional en la que se han descubierto nuevos yacimientos en aguas profundas, en el marco de una tendencia de elevación de los precios, “y entrarle a esos yacimientos es un gran negocio de las grandes compañías, que además será un instrumento adicional de las grandes potencias para regular, con la sobre producción, los precios del petróleo”.
Por su parte, al exponer el tema Propiedad de la nación sobre los hidrocarburos y rectoría del Estado sobre la industria energética mexicana, el doctor Lorenzo Meyer, historiador por el Colegio de México, aseguró que no es necesario un cambio constitucional para fortalecer Pemex, sino se requiere “cambiar el corazón de la política mexicana”, porque es ahí donde anida una enorme corrupción.
“Considero que sí hay que hacer una reforma petrolera de fondo, de mucho fondo, pero esa reforma va más allá del petróleo, y es la corrupción a la que tenemos que atacar”, agregó.
Durante foro en materia energética organizado por el PRD en el Senado de la República, Lorenzo Meyer afirmó que si PEMEX tiene problemas “es básicamente por la corrupción que lo envuelve” y ésta proviene de dos áreas: del sindicato y de la administración de la empresa.
“Creo que debería entrarse por ahí, pero es curioso y revelador el hecho de que el término corrupción no entra en el discurso con que el gobierno ha presentado su proyecto de reforma petrolera: cambiar artículos de la Constitución, pero no se necesita cambiarlos, se necesita cambiar el corazón de la política mexicana, en donde anida una enorme corrupción”, insistió.
El doctor Meyer señaló que mantener la industria petrolera como mexicana no es nada más un tema económico, sino político, “es la capacidad que los mexicanos demostraron en un momento crítico cuando pudieron arrancarle el control de la industria petrolera a los intereses externos”.
Aseguró que mantener bajo control mexicano la industria petrolera “viene de ese reto inicial que nos hicieron: ustedes no pueden, y sí se pudo, para propósitos estrictamente internos”.
También se refirió a la llamada “petrolización de la economía” y sostuvo que éste fue un camino equivocado que asumió el gobierno federal en los años 80 en un contexto de crisis, “fue una ruta falsa para no enfrentar el problema principal”, finalizó.