Con el objeto de que el presupuesto de salud del Distrito Federal sea destinado prioritariamente a los habitantes de la ciudad, el diputado del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Orlando Anaya González, presentó hoy ante el pleno una iniciativa de reforma al artículo 58 de la Ley de Salud del Distrito Federal, para inhibir la interrupción legal del embarazo de mujeres que viven en otras entidades de la República.
“Denunciamos que la interrupción legal del embarazo ha propiciado lo que hemos llamado en el Distrito Federal, o hemos podido observar con detenimiento, el turismo medico del aborto. ¿Por qué el turismo médico del aborto?, porque nos parece que es una práctica que desangra el presupuesto de la salud, el presupuesto que está destinado a la atención prioritaria de las y los capitalinos, y por supuesto pone en riesgo la salud de las mujeres que se someten a este procedimiento”, explicó Anaya González.
Abundó que a partir de 2007, cuando la ALDF aprobó la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, por ello, es importante delimitar su “cruenta práctica y de manera colateral redirigir el presupuesto que se fuga por la misma”.
Como integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la ALDF, el legislador del GPPAN, precisó que esta reforma plantea como uno de los requisitos indispensables la residencia efectiva de tres años inmediatamente al día de presentar la solicitud si son originarias del Distrito Federal, y de cinco años ininterrumpidos para mujeres nacidas en otra entidad, mismos que serán acreditados con constancia de residencia expedida por la autoridad competente.
“Tres aspectos que me parecen importantes, el primero de ellos; una de cada cuatro mujeres que abortan en el Distrito Federal vienen de otros estados s someterse a este proceso de interrupción del embarazo; en segundo término decirles que a la fecha se han destinado más de 200 millones de pesos a la interrupción legal del embarazo; y en tercer término, en un estimado podemos calcular que con lo que se destina a esta práctica, con mujeres que no viven en el Distrito Federal, equivale a mas de 55 millones de pesos lo que se gasta en la práctica de abortos”, explicó.
Además de estas cifras, Anaya González expuso que existe un algo porcentaje de incidencia porque no existe seguimiento a la mujer que se practicó el aborto; pues ni la Ley de Salud, ni los lineamientos existentes establecen un programa de tratamiento y cheque médico post-interrupción del embarazo. Las consecuencias psicológicas y fisiológicas para quienes se someten a esta práctica son sumamente nocivas por lo que es fundamental que se establezca la obligación de asistir a consultas médicas de seguimiento.
“Denunciamos que el gobierno federal, al igual que el del Distrito Federal, al no dedicar los recursos suficientes para las campañas de educación sexual que permitan inhibir los embarazos no planeados, que terminan en muchos casos, sino es que en la mayoría en la interrupción del embarazo, lo que mantiene y es parte de una política pro abortista”, aseveró.
El diputado del GPPAN dejó en claro que la iniciativa es clara, tiene como objetivo evitar la práctica de la interrupción del embarazo.