Diputados locales y federales del PRD plantearon reformar la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), a efecto de gravar con un 20% la “comida chatarra” o alimentos no saludables, lo que generaría un ingreso adicional al ya estimado por el Gobierno federal en la Reforma Hacendaria superior a los 10 mil millones de pesos.
En la iniciativa suscrita por el diputado federal Carlos Augusto Morales, así como por los diputados locales Esthela Damián, Efraín Morales y Daniel Ordóñez, se solicita que dichos recursos se destinen a la prevención de la obesidad en niños y adultos, al tratamiento de enfermedades derivadas de la misma y a programas para proporcionar información básica sobre una alimentación adecuada, saludable, nutritiva y balanceada.
Así como para consolidar la creación de escuelas de tiempo completo que, entre otras cosas, permitan una alimentación sana para los infantes, sobre todo en las zonas más desprotegidas.
“Nuestra propuesta está encaminada a reducir el consumo de comida chatarra y a reducir los índices de obesidad en México, ya que está comprobado por los países que ya aplican estas medidas, que disminuyen las ventas y por lo tanto su consumo”, explicaron.
Al respecto, señalaron que estudios recientes muestran que los mexicanos erogan alrededor de 240 mil millones de pesos al año en la compra de comida chatarra, mientras que los niños gastan más de 20 mil millones de pesos en este tipo de alimentos durante el ciclo escolar.
Aseguraron que los más afectados por el consumo de este tipo de productos son los infantes, quienes aumentaron en 40% su consumo de azúcar y disminuyeron en 30% el de frutas y verduras, mientras que los más beneficiados son las empresas fabricantes y distribuidoras de refrescos, dulces, pasteles y botanas, que obtienen ganancias netas superiores a los 51 mil millones de pesos anuales.
“En México, a lo largo de los 30 años que se ha incrementado el fenómeno de la obesidad, no se han implementado políticas públicas claras para enfrentar el problema, todo se ha dejado a criterio de la población, lo cual ha traído mayores costos para el gobierno en materia de salud”, indicaron.
Recordaron que en 2010, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud con el propósito de desterrar los alimentos procesados, altos en azúcares y grasas simples de las escuelas, e imponer la práctica de la actividad física diaria a los alumnos, sin embargo a la fecha no se cumple con este ordenamiento.
Asimismo, resaltaron que la obesidad es un problema que se presenta en la mayor parte del mundo, ocasionado daños a la salud de la población y al Estado en sus finanzas al tener que incrementar los gastos para atender estos daños, en respuesta a ello algunos países han implementado diversas acciones para combatirlo, como Dinamarca que introdujo un “impuesto a las grasas”, Hungría a la comida chatarra y Francia a las bebidas azucaradas.
Citaron que no solo en Europa se han implementado estas medidas, en América Latina, Perú tiene una propuesta de iniciativa que consiste en gravar los alimentos no saludables con el 20%, considerando que solo con un impuesto de esta magnitud lograrán disminuir el consumo.
“El impuesto a los alimentos no saludables no solo debe ser una medida tributaria, tiene que estar acompañada de políticas públicas que incluyan medidas comerciales, publicitarias, y de educación nutrimental enfocadas a la disminución de su consumo”, puntualizaron.