Bogotá, 11 oct (PL) Los campesinos colombianos que en agosto pasado protagonizaron junto a otros sectores sociales un paro nacional, exigieron al Gobierno menos anuncios y pactar acuerdos concretos para salir de la crisis que atraviesa el campo.
La víspera, el presidente Juan Manuel Santos se reunión con varios ministros y gobernadores de seis departamentos y aseguró que el «Gobierno viene cumpliendo y seguirá cumpliendo» con el sector agropecuario.
Sin embargo, los agricultores manifiestan que hasta el momento no se ha podido concretar ni siquiera los avances del primer punto del pliego de peticiones que exigen.
En declaraciones difundidas por la emisora Caracol Radio, uno de los voceros de la Mesa Popular Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA), Yule Anzueta, sostuvo que no es cierto que el Ejecutivo les esté cumpliendo.
Anzueta espera que el Estado refleje la voluntad de lograr acuerdos concretos para sacar adelante al campo y no descartó que haya un nuevo paro si no se llega a una salida.
El pasado 8 de septiembre las partes firmaron un acuerdo que permitió levantar las protestas, y desde entonces se han realizado cuatro reuniones, la última de ellas ayer en Putumayo, en las que el equipo gubernamental presentó sus opiniones pero no contrapropuestas.
Aunque los bloqueos en las vías y los paros masivos cesaron, la tensión comenzó a elevarse con nuevos anuncios de movilizaciones por el incumplimiento de algunos gobiernos departamentales con las mesas regionales y la falta de acuerdos.
Según el líder agrario Nelson Viloria, representante de la MIA, los campesinos «estamos listos para reactivar a nivel nacional el paro en el momento que no veamos resultados».
La misma tensión se ha sentido en el Catatumbo, cuyas protestas de 54 días ininterrumpidos sacudieron a esa norteña zona dejando cuatro muertos y decenas de heridos. Luego de ocho semanas de diálogo, los avances son escasos.
El campesinado coincide en la necesidad de darle un vuelco al campo con una reforma agraria.
En el pliego de peticiones, abogan por un enfoque de derechos en los que el acceso a la propiedad, educación y salud, vivienda digna y servicios básicos sea una realidad para ese sector.
Entre las varias propuestas que le han planteado al Gobierno se encuentran la fijación de precios de sustentación para la producción campesina, la reducción de los combustibles y peajes, el control de los precios de fertilizantes, insecticidas y abonos, y programas de sustitución gradual de los cultivos ilícitos.