Conceder contratos a empresas privadas es mal negocio, viola la Constitución, coinciden especialistas

Pemex
Durante la segunda mesa de análisis del tercer día del Debate Público de la Reforma Energética, distintos especialistas en materia energética coincidieron en que la iniciativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto es un mal negocio para el país, es violatoria de la Constitución y, tal como está planteada, una “receta para el desastre”.
En la mesa Experiencias internacionales: empresas públicas, privadas y modalidades de contratos, el licenciado Pablo Gómez Álvarez denunció que la propuesta presidencial que pretende cambiar los artículos 27 y 28 viola la Constitución, en aras de dar seguridad jurídica a las empresas transnacionales que buscan invertir en Petróleos Mexicanos (Pemex).
Además de que tiene otro inconveniente, porque al ceder la batuta para que se explore y extraiga el petróleo, el Estado mexicano renunciaría al desarrollo de tecnología en el sector.
El también ex senador de la República llamó a realizar un referéndum para que sea la ciudadanía quien decida si se realizan los cambios constitucionales para ceder los derechos del hidrocarburo a entes extranjeros o continúa protegido el sector energético, como hasta ahora y desde hace más de 70 años cuando se expropió.
En el mismo sentido opinó Víctor Rodríguez Padilla, quien sostuvo que abrir la puerta a la inversión privada es mal negocio para el país, pues la mayoría de las ganancias se las llevará el sector privado.
Puntualizó en que el Estado mexicano no tendrá control alguno sobre el proceso de exploración y extracción, pues el sistema de contratos se basa en un conjunto de penas e incentivos, además de que las empresas transnacionales estarán en todo momento apoyadas por sus respectivos gobiernos y el Estado mexicano no tendrá manera de obligarlas a que atiendan el interés nacional.
En este punto también coincidió Raúl Armando Jiménez Vázquez, quien dijo: “los contratos basados en recuperación de costos son una receta para el desastre”. Ya que resulta imposible supervisar los costos de extracción de crudo en los yacimientos de petróleo.
Como ejemplos, comentó los casos de Brasil y Bolivia, que apenas recibían el 10 y el 12 por ciento respectivamente, del total de las ganancias por su producción petrolera, una vez que permitieron la inversión privada en sus industrias energéticas. En el caso de Bolivia, se vio obligada a renacionalizar su petróleo en el año 2006.
Hizo un llamado para que se analice a profundidad la propuesta, antes de ceder tan importante industria. “No vayamos a cometer el error de implementar una reforma que sea ciega y en beneficio de intereses internacionales; correríamos el riesgo de equivocarnos con la industria más importante de nuestro país”.

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