Durante el foro: “El debate público de la reforma energética”, organizado por el PRD, la diputada Loretta Ortiz Ahlf, el catedrático Jorge Calderón Salazar y el embajador Jorge Eduardo Navarrete López, coincidieron en señalar que de aprobarse la reforma propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, el Estado Mexicano perdería soberanía sobre sus recursos.
La diputada del PT, Loretta Ortiz Ahlf afirmó que de realizarse la reforma energética y permitirse la inversión extranjera, automáticamente el país no podría resolver cualquier conflicto relacionado con este tipo de inversión en tribunales nacionales.
Lo anterior, debido a que cuando se celebró el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se estableció que cualquier conflicto relacionado con las inversiones se ventilará ante “arbitrajes internacionales”.
En este sentido, dijo que México no podría ejercer ningún tipo de soberanía sobre sus recursos, porque el Estado renuncia a su inmunidad soberana, actuando como un particular en un conflicto con otro particular, “lo que conlleva a que cualquier obstáculo, por mínimo que se tenga en la inversión, pueda derivar en una pérdida multimillonaria para el Estado Mexicano”.
Subrayó que todos los acuerdos internacionales que ha celebrado México tienen este tipo de disposiciones, donde la “Cláusula Calvo” a nivel internacional no produciría efecto jurídico alguno, no impide la reclamación internacional y México no tendría el beneficio de la inmunidad soberana.
En tanto, el catedrático de la UNAM, Jorge Calderón Salazar aseguró que el aspecto eléctrico es el menos conocido de la iniciativa de la reforma del presidente Enrique Peña Nieto, la cual, dijo que conlleva riesgos severos en torno al interés nacional, debido a que el TLCAN prohíbe que el Estado Nacional ejerza facultades regulatorias, “por lo que esta propuesta deja vagas funciones en materia de distribución y transmisión que pueden ser concesionadas a particulares”.
Indicó que en la medida en que el centro de la discusión se ha desarrollado en torno al petróleo y los hidrocarburos, es que el tema de la electricidad ha estado “oculto” del debate nacional, porque aun cuando representa un elemento estratégico, “muy ágilmente el Gobierno oculta el contenido de la legislación secundaria”.
Precisó que si la Comisión Federal de Electricidad tuviera capacidad de autonomía financiera, dejara de otorgar subsidios, autofinanciamiento y una administración técnica y eficiente de recursos, se lograría un sector energético con capacidad de apoyo al desarrollo nacional en mejores condiciones.
Aseveró que en ningún país, la privatización de la electricidad y la creación de un mercado eléctrico con interconexión de productores privados que oferten electricidad a los consumidores, ha generado disminución de costo del servicio eléctrico a los consumidores, “por el contrario, la privatización de este sector ha ido acompañada de gigantescos cortes de energía con apagones que se han extendido”.
En tanto, el embajador Jorge Eduardo Navarrete López advirtió que en caso de que la propuesta oficial fuese aprobada por el Congreso, se eliminaría la cláusula petrolera de TLCAN, que impide aplicar las disposiciones de ese tratado en el sector energético y eléctrico de México.
Explicó que la razón jurídica que permite la existencia de esa cláusula de excepción es que las actividades energéticas que allí se enumeran son consideradas estratégicas por la Constitución mexicana.
Por ello, alertó que si se elimina de la Carta Magna el estatus estratégico de la industria petrolera y eléctrica, automáticamente queda sin efecto la llamada excepción energética del TLCAN.
En consecuencia –agregó– se aplicarían todas sus disposiciones «enormemente lesivas» para diversos aspectos de la soberanía nacional, pues el manejo autónomo de una política de desarrollo y de fomento económico quedan absolutamente sin efecto.
Manifestó que de manera irregular se pide al Congreso de la Unión aprobar reformas a dos artículos constitucionales, que constituyen pilares básicos del orden jurídico y de la estructura económica de la nación, sin ofrecer los textos de las leyes secundarias «ni siquiera para tener una idea suficiente de cuál sería el contenido de esa legislación subordinada».
Finalmente, apuntó que se pide al Congreso aprobar una carta blanca, una reforma constitucional que no podrá instrumentarse sin una legislación secundaria, de la que sólo se conoce un esbozo incompleto, por lo que ojalá el Legislativo «no dé el salto al vacío que supone aprobar una reforma constitucional en estas condiciones».