Senadores y diputados del PRI, PAN y PVEM coincidieron en que sería “un grave error” que el Poder Legislativo no concrete una “gran” reforma energética, ante las advertencias de especialistas de que México está en riesgo de quedar rezagado a nivel mundial en este sector.
En el marco de los Foros de Energía convocados en el Senado, el legislador Pablo Escudero, del PVEM, aseveró que el sistema energético y la normatividad que se tiene en el país en la materia son incompatibles con la demanda mundial, con la eficacia, con la competencia, con los volúmenes de producción, con la infraestructura y con la transferencia tecnológica.
Por lo anterior, enfatizó, el mundo no va a esperar a México en su reindustrialización y, por tanto, sería un grave error no ir con “esta gran reforma”, al tiempo que le pidió a Ernesto Marcos Giacoman le explicara lo relacionado a la equidad intergeneracional.
A Francisco Barnés le preguntó acerca del fracaso del Sistema Nacional de Refinerías y de las pérdidas y hacia dónde debe caminar México en este tema y también le cuestionó cuál va a ser la participación de las pequeñas y medianas empresas en este proceso.
En tanto que a David Shields le preguntó sobre la competitividad y qué mensaje debe dar a los inversionistas de gran calado.
En su momento, el diputado panista, Homero Niño de Rivera, dividió la discusión de la reforma en dos temas: el externo, es decir, cómo se relaciona Pemex con otras, qué tipo de contratos y concesiones realiza y, en lo interno, cuál es la relación de Pemex con el gobierno y Secretaría de Hacienda.
Sin, embargo, dijo, la interna se trata muy poco, aún cuando Pemex le entregó a Hacienda el año pasado unos 900 mil millones de pesos, pero esta relación es la que no está bien, es la que no está en ninguna parte del mundo y se tiene que abordar.
Consideró que la propuesta del Gobierno Federal se queda muy corta y hay poco cambio en la relación con la Secretaría de Hacienda, puesto que ésta controla la caja, el flujo, pero sobre todo las inversiones y está en el Consejo de Administración y toma decisiones como accionista. “Habría qué preguntarle a una empresa si estaría de acuerdo en que el Secretario de esta dependencia tenga un asiento en su Consejo de Administración y tomará las decisiones finales en algún proyecto, es obvio que la función de Hacienda es recaudatoria, no productiva”, puntualizó.
Ante esto, subrayó la necesidad de empezar a ver a Pemex como empresa de los mexicanos, pero una empresa como tal, pues por más contratos que se hagan no se va arreglar el problema de fondo.
Por su parte, la diputada Blanca Villaseñor, del PRI, destacó los retos que enfrenta México en diversas materias: económica, social, política y económica, en donde se están realizando diversos esfuerzos por parte de diferentes actores para llevar al país a buen puerto.
A esto, preguntó al ex rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, en su paso por la Administración Pública, cuál es el mejor arreglo institucional para fortalecer la rectoría del Estado sobre el sector sin afectar la relación y cómo se puede contar con organismos fuertes.
Por otra parte, dijo coincidir con David Shields, respecto a que México requiere agilizar una transición energética, pero le preguntó acerca de su punto de vista para saber qué tipo de políticas considera que deben impulsarse para llevar a cabo esa transición energética: “¿Qué estructura de mercado eléctrico le parece más conveniente para lograr una transición en materia eléctrica, una verticalmente integrada o con acceso abierto?”
A Marco Gaicoman le preguntó cuáles son los elementos indispensables en la legislación secundaria para generar un entorno de certidumbre que atraiga a los inversionistas y cuáles deben ser las características del arreglo para fortalecer a las instituciones encargadas de la regulación y rectoría de la industria.
En respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, Francisco Barnés de Castro, ex subsecretario de Energía, calificó de “absurdo” que se distraigan recursos del Estado en inversiones de largo plazo para la modernización del sector, pues estas representan rentas bajas sobre el capital.
Estos recursos, estableció, debieran destinarse a la infraestructura que el país requiere para un real desarrollo nacional.
Agregó que existen ya sectores importantes de la cadena productiva privatizados, como es el caso del transporte de las gasolinas, diesel y gas, a manos de particulares, con un costo 10 o 15 por ciento más alto que si se realizara por una adecuada red de ductos.
Bajo estos argumentos, sostuvo, “pretender que el Estado sea el único proveedor de petrolíferos, es seguir quemando billetes en las calderas año con año y que sigan el sistema de transporte y distribución cargando costos a los usuarios finales y nos sigan defraudando, quizás igual al Estado, con litros de gas y gasolinas, que no son tales”.
Respecto a su planteamiento de establecer una transición en la que coexistan refinerías de Pemex con las de particulares, reconoció que no será fácil.
Empero, subrayó, no puede dilatarse y es posible establecer diversos mecanismos; “abramos el espacio a marcas diferentes y demos a los inversionistas seguridad y, a su vez, que Pemex no asuma el 100 por ciento de los riesgos en el mercado”, propuso.
En tanto que Ernesto Marcos Giacoman indicó que sobre la equidad intergeneracional, el petróleo es un producto y un activo que se debe de explotar, por ser no renovable, por lo que es importante que la renta petrolera se maximice y luego se invierta de manera responsable para la siguiente generación de mexicanos.
En cuanto a si las pequeñas y medianas industrias tienen futuro dentro de la reforma, el especialista subrayó que es ahí donde radica el efecto más importante de la reforma energética, toda vez que esto va a generar un aceleramiento para el crecimiento y el empleo, por lo que se debe permitir y establecer leyes reglamentarias para estimular la participación de pequeñas y medianas empresas mexicanas, esa es la prueba de fuego de la reforma.
Subrayó, por otra parte, que la suma de todo el ISR de los mexicanos en el 2012 fue de 800 mil millones de pesos, es decir, dijo, cien mil millones menos que lo que contribuyó Pemex, por eso la importancia de despetrolizar la recaudación como se ha propuesto.
En cuanto al tema de empresa pública productiva, recordó que la Ley de Empresas Paraestatales menciona este concepto, pero no está reglamentado, por lo que se debe normar el estatuto para establecer la relación con el gobierno.
Indicó que en el nuevo estatuto jurídico se debe establecer la verdadera autonomía operativa, presupuestal, financiera que le deje a Pemex la responsabilidad de operar de la manera más competitiva posible y que el titular de Hacienda tenga la preocupación de que la paraestatal genere el mayor número de utilidades como representante del dueño.
Y en cuanto el entorno más deseable para atraer inversionistas nacionales o internacionales, dijo que deben ser las leyes reglamentarias las que establezcan las condiciones necesarias para que venga la inversión internacional.
Por su parte, el especialista David Shields, sostuvo que con las reformas a los artículos 25 y 27 constitucionales, sería posible que se beneficien las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) en la explotación de lutitas, no sólo las grandes trasnacionales.
“Estoy convencido que sí –acotó-, pero el gran reto es detonar esta actividad, pues no hay cultura ni pasado en la explotación de lutitas, contrario a Estados Unidos”.
Refirió que en documentos de Pemex consta que en la explotación de lutitas en la Cuenca de Sabinas, participaron una gran cantidad de empresas nacionales e internacionales: “Las PyMES mexicanas ya brindan servicios a Pemex en diversas partes del país, con pipas de agua, construcción de caminos, ductos e infraestructura para nuevas comunidades”.