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Parlamentario corrupto confiesa culpa por televisión en Perú

Michael Urtecho

Lima, 14 oct (PL) El congresista conservador peruano Michael Urtecho, a punto de ser expulsado, juzgado y encarcelado por apropiarse de la mayor parte de los sueldos de varios de sus funcionarios, reconoció su culpa en una entrevista televisiva.

El legislador, cuadrapléjico y pastor evangélico, intentó sin embargo presentar el hecho como un “error”, lo que motivó reacciones de comentaristas de prensa que rechazaron la maniobra y subrayaron que lo que hizo fue un delito.

Hasta la confesión de anoche, Urtecho negaba el robo y alegaba que siete exfuncionarios de su despacho que lo han denunciado no tenían pruebas de sus acusaciones.

El viernes último, la comisión de Ética del Congreso de la República pidió al pleno que lo suspenda por 20 días, lo despoje de su inmunidad parlamentaria, le haga un antejuicio y lo entregue a los tribunales.

Ahora alega que cometió “un gravísimo error” por haber pedido “apoyo” a sus funcionarios, como llama a quedarse con las tarjetas electrónicas de retiro de dinero del banco en el que los sueldos eran depositados, extraerlos y pagarles solo una parte a veces ridícula del salario.

Dijo haber cometido el supuesto error en los años 2006, 2007, 2009 y 2010, pero no en la actualidad, y confesó también haber mentido y dijo que por sus convicciones cristianas decidió decir la verdad porque no soportaba seguir mintiendo.

Urtecho negó sin embargo ser culpable de otra grave acusación, la de no haber dado cuenta del destino de más de 600 sillas de ruedas donadas al Congreso y confiadas a él para su entrega a discapacitados como él pero carentes de recursos.

El legislador se ha convertido en el símbolo del desprestigio del parlamento y es acusado también de falsificación de facturas para cobrar indebidamente gastos de representación al Congreso y de enriquecimiento ilícito, por haber construido su esposa un edificio de departamentos de lujo.

Entretanto, siguen pendientes de esclarecimiento las denuncias de que apropiarse de parte del sueldo de funcionarios y presentar facturas falsas ha sido siempre una práctica generalizada en el parlamento.

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