Buenos Aires, 14 oct (PL) El tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la provincia argentina de Neuquén comenzará el jueves contra cinco represores acusados de la desaparición de al menos 55 personas.
Entre los imputados están el teniente coronel (retirado) Jorge Di Pascuale, quien se desempeñaba como jefe de inteligencia; el segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Soza; y el jefe de inteligencia del Destacamento 192, el coronel (restirado) Mario Alberto Gómez, informa la agencia de noticias Télam.
En la causa figuran además el mayor (retirado) Luis Alberto Farías Barrera, jefe de Personal del Comando de la Sexta Brigada, y el médico Hilarión de la Pas Sosa, jefe de la Sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI.
Todos actuaron en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén durante la dictadura cívico militar, recuerda Télam.
Quedó exceptuado por razones de salud, el excomisario de la policía provincial de Neuquén, Héctor Mendoza, quien permaneció prófugo de la justicia varios años hasta que fue capturado en 2011 en Paraguay y extraditado a Argentina.
Está previsto que declaren en el proceso cerca de 61 testigos durante las vistas en el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén bajo la presidencia de los magistrados Leónidas Moldes, Diego Barroetaveña y Richard Gallego.
Este es el tercer juicio contra imputados por delitos de lesa humanidad que se realizará en Neuquén.
En 2008, fueron juzgados y condenados con penas de siete a 25 años, ocho represores; en 2012 fueron imputados y juzgados 21, con 13 de ellos condenados con penas de seis a 23 años y medio, y los restantes ocho fueron absueltos.
Mientras en la sureña Neuquén se alista un nuevo proceso, en la norteña Entre Ríos la causa con más denuncias por crímenes de lesa humanidad en esa provincia del litoral argentino está parada hace dos años; fue reabierta hace diez.
La megacausa Área Paraná, en la que se concentra la mayor cantidad de denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos, está a punto de cumplir diez años sin sentencia. Tiene 52 víctimas, se investigan cinco desapariciones forzadas de personas, hay 10 represores procesados y otros 11 fallecidos durante el proceso.
El proceso comenzó en 1987, cuando la Cámara Federal de Apelaciones asumió el conocimiento del proceso ante la falta de resultados de las investigaciones en los tribunales militares, pero se clausuró por la sanción de las leyes de impunidad, recuerda el diario Página 12.
En diciembre de 2003, el fiscal general Ricardo Alvarez pidió su desarchivo y, en mayo de 2004, la jueza federal ad hoc Myriam Galizzi dispuso la reapertura del expediente. Diez años después, la causa Área Paraná se mantiene como en una nebulosa, señala el periódico.