El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 443 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención, el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera, mismo que integra el paquete económico 2014 y la Reforma Fiscal.
El grupo parlamentario del PAN manifestó su voto en contra del paquete fiscal por considerar que la reforma es regresiva y promueve la recesión económica; sin embargo, apoyó la Ley Aduanera.
Al fundamentar el dictamen, el diputado José Isabel Trejo Reyes, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, destacó que ante la dinámica mundial y apertura generalizada de mercados, México requiere atraer inversión, por lo que es necesario facilitar el comercio exterior, brindar mejores condiciones de acceso a los mercados internacionales, así como impulsar la inversión en infraestructura y modernización de las aduanas.
Lo anterior, para aprovechar “la privilegiada posición geográfica” de nuestro país y la red de acuerdos y tratados comerciales de los que México es parte.
Destacó que entre las medidas adoptadas en la Reforma están la regulación del sistema electrónico aduanero, a través del cual se simplifican los pagos de las contribuciones y cuotas compensatorias, a fin de reducir costos a cargo de las empresas, además de que optimiza la interacción de los particulares con el quehacer gubernamental.
Se establece, dijo, la opcionalidad del uso de los agentes aduanales para acabar con lo que se decía que “era un monopolio”.
Asimismo, elimina la regulación de la figura del apoderado aduanal, ya que a través de la firma electrónica o sello digital, los importadores o exportadores podrán realizar el trámite de sus pedimentos de manera directa, sin intermediario alguno o a través de la figura de un representante legal.
De igual forma, se establecen obligaciones de los importadores que opten por despachar sus mercancías a través de un representante legal, para salvaguardar el debido control de las mercancías de procedencia extranjera por parte de las autoridades aduaneras, así como la responsabilidad solidaria del representante legal ante el fisco federal.
Con relación a los recintos fiscalizados estratégicos, éstos se podrán habilitar en cualquier parte del territorio nacional, a diferencia de lo que ocurre actualmente, que requieren colindancia con algún recinto aduanero portuario.
Respecto a la apertura en la prestación de servicios relacionados con el comercio exterior, se permite que cualquier persona moral que cumpla con los requisitos pueda solicitar la autorización al Servicio de Administración Tributaria para prestar el servicio de prevalidación electrónica de datos contenidos en los pedimentos, lo que propiciará servicios de mayor calidad y valor agregado en beneficio de la comunidad importadora y exportadora.
Se elimina el segundo reconocimiento de la carga al hacer uso de la inspección no intrusiva, lo cual consiste en el análisis de imágenes de mercancías y medios de transporte, con lo que se optimiza y agiliza el despacho aduanero.
En lo que se refiere a derechos de los contribuyentes, se establecen facilidades para la rectificación de pedimentos, cambio de régimen de mercancías y regularización de las mismas, lo que incentiva el cumplimiento en las disposiciones fiscales y aduaneras, y procura que los importadores y exportadores tengan mayores opciones para realizar sus operaciones.
Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Adolfo Bonilla Gómez (PRI) dijo que los legisladores de su partido comparten los costos y aciertos que el gobierno federal realiza en beneficio de los mexicanos.
Destacó que con ésta reforma se fomenta que el flujo comercial sea cada vez más ágil; que el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y fiscales sean más sencillas y que la comunidad importadora y exportadora cuente con mayor y mejor información para trazar sus operaciones.
“Con la enmienda se simplifican los trámites en las aduanas, y se dota de herramientas y mecanismos de control más eficientes a las autoridades aduaneras para realizar sus funciones”, concluyó.
Juan Bueno Torio, del PAN, dijo que su bancada se manifiesta en contra del paquete fiscal que presentó el Ejecutivo porque es regresiva y promueve la recesión económica.
Agregó que las medidas económicas distan mucho de ser la propuesta hacendaria que prometió en su campaña, además de que no ha planteado una reforma contracíclica que ayude a salir a nuestro país del bache. “Por el contrario, está planteando un gasto excesivo, 10 por ciento por encima del presupuesto del año pasado que pretende financiar con deuda”.
En suma, refirió, es una reforma regresiva que va a impedir que las empresas generen mayor riqueza y que haya mayor inversión para que el país progrese. “Rechazamos la intención de ponerle IVA a las colegiaturas, a las hipotecas y a las rentas y compra-venta de las viviendas”.
No obstante, que “es una miscelánea fiscal recaudatoria, hemos contribuido en una construcción de una mejor Ley Aduanera como la que se discute en este momento, misma que vamos a apoyar con nuestro voto a favor”, subrayó.
Mario Alejandro Cuevas Mena, del PRD, se pronunció a favor del dictamen ya que, dijo, la reforma facilitará el comercio, impulsará la modernización de las aduanas, la inversión en infraestructura y la actualización e incorporación de mejores prácticas y procesos en materia aduanera.
Estimó indispensable contar con un marco normativo claro y transparente, que reconozca el uso de medios tecnológicos para promover las importaciones y exportaciones y a su vez se impulse la apertura comercial para usuarios del comercio exterior y se establezca el intercambio de información entre autoridades de forma ágil.
Afirmó que las reformas que hoy se comienzan a discutir en el pleno, en materia hacendaria y fiscal, no son una varita mágica para resolver todos los problemas económicos por los cuales atraviesa nuestro país y la mayoría de las naciones en el mundo, “pero sí contribuirán en buena medida”.
Rubén Acosta Montoya, del PVEM, destacó que hoy es un día importante porque se inicia la discusión de la reforma hacendaria, con un dictamen que se construyó mediante la negociación de quienes participan en las comisiones de Economía y de Hacienda.
En este sentido, resaltó que la reforma moderniza el sistema aduanal y sobre todo, manifiesta apoyo al sector ferroviario, al que se contempla como un importante medio de transporte para el intercambio comercial. Resaltó también el uso de la tecnología y la tecnificación en beneficio de los importadores y exportadores.
Aida Fabiola Valencia Ramírez, del Movimiento Ciudadano, al manifestarse en contra del dictamen, indicó que además de que no se combate la corrupción en las aduanas, se pone en riesgo la seguridad nacional al eliminar la intervención obligatoria de los agentes aduanales.
“En este momento son alrededor de 900 agentes y aún así no se pueden controlar, si se permite que se abra a más, a lo mejor con alrededor de 100 mil, implicará que cualquier particular no regulado en la ley, pueda promover el despacho aduanero y eminentemente habrá riesgos en la operación del comercio exterior, en la seguridad nacional, salud pública, sanidad animal e inclusive, peligro en el uso de recursos de procedencia ilícita.
Lilia Aguilar Gil (PT) manifestó su votó a favor al considerar que el objetivo final de esta reforma, más allá de todas las mejoras de eficiencia administrativa, logística y en el proceso de modernización del sistema aduanero, nos hace avanzar para terminar con el monopolio de los agentes aduanales.
Resaltó también que la enmienda permitirá el despacho de mercancías en un lugar distinto al autorizado a fin de optimizar la logística en este rubro, además de que se permite la apertura del comercio a través de medios ferroviarios.
María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, consideró que con la Reforma, México modernizará sus instrumentos comerciales, arancelarios y aduaneros y para tal propósito, el papel del Poder Legislativo es fundamental.
Se debe reconocer, dijo, que el esquema planteado trae consigo beneficios a los usuarios del comercio exterior en el mediano y largo plazo, además de que sobresale la facilitación al comercio internacional y la modernización de las aduanas conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Durante la discusión se reservaron los artículos 36, 36-A, 40, 163, 163-A y 167. De éstos, se aprobó la modificación al 167, propuesta por el diputado Arturo Salinas Garza del PAN, a fin de adicionar al segundo párrafo el siguiente texto:
“Por ningún motivo la autoridad podrá iniciar un procedimiento de los señalados en este párrafo, cuando los hechos que constituyan alguna de las causales de suspensión, cancelación o extinción del derecho a ejercer a patente, hayan ocurrido con más de 5 años de antigüedad, a menos que la conducta infractora del agente aduanal, por su naturaleza no sea instantánea y se prolongue en el tiempo, caso en el cual los cinco años se computarán a partir de que dicha conducta haya cesado”.
El dictamen se turnó al Senado de la República para su trámite legal correspondiente.