Tribunal de Estrasburgo paraliza desalojo de familias en España

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Madrid, 16 oct (PL) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ordenó hoy la suspensión cautelar del desalojo de 43 personas que viven en un bloque de viviendas en la ciudad española de Salt.

Con sede en Estrasburgo, Francia, el TEDH dispuso la paralización del desahucio de un inmueble en ese municipio de Gerona, provincia de la comunidad autónoma de Cataluña, autorizado por las autoridades judiciales y que estaba programado para este miércoles.

La decisión fue adoptada luego de que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentó un recurso ante el tribunal europeo, el cual aplazó el desalojo al menos hasta el 29 de octubre.

Llega, además, después que el abogado de las 16 familias afectadas (22 adultos y 21 niños), Benet Salellas, recurrió ante el TEDH para que pusiera freno a la orden judicial, la cual obligaba a los ocupantes a abandonar las viviendas a primera hora de esta mañana.

En su fallo, el también denominado Tribunal de Estrasburgo indicó que se estaría violando un derecho internacional como es el derecho a una vivienda, y emplazó al Gobierno español a informar antes del día 24 sobre la situación en la que se encuentran los habitantes del inmueble.

La expulsión de estas familias fue solicitada por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida como el banco malo, que se encarga de gestionar los activos transferidos por las cuatro entidades financieras nacionalizadas.

Esta decisión del TEDH fue acogida con alegría, cánticos e incluso con lágrimas por centenares de personas que desde anoche se concentraron en apoyo de las 16 familias que viven en Salt.

Las Cortes Generales (Parlamento bicameral) aprobaron el pasado 8 de mayo una reforma de la impugnada legislación hipotecaria presentada por el gobierno conservador de Mariano Rajoy para intentar atenuar el drama de los desalojos de inmuebles.

Entre duras críticas de la oposición y con los únicos votos del oficialista Partido Popular (PP), el Congreso de los Diputados y el Senado dieron entonces luz verde a la ley para la protección a los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social. La norma excluyó finalmente la dación en pago, una de las principales demandas planteadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los partidos políticos.

El PP unificó su propia propuesta, que según la oposición sigue los dictados de la banca, y una iniciativa legislativa popular (ILP) que solicitaba una moratoria de los desahucios y la creación de un alquiler social para las casas vacías en poder de las entidades financieras.

Arropada por casi un millón y medio de firmas, esa ILP de la PAH exigía también el establecimiento con carácter retroactivo de la dación en pago como mecanismo para saldar las deudas hipotecarias, que sólo será analizada en situaciones extremas.

La actual normativa no contempla de forma general que la entrega de la casa -lo que se conoce como dación en pago- sea suficiente para liquidar el débito adquirido con el banco, con lo cual los perjudicados están obligados a continuar abonando su crédito de por vida.

Símbolo de la crisis en España desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 y el aumento del desempleo, los desalojos suscitaron la indignación popular.

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