Madrid, 17 oct (PL) La Plataforma Estatal por la Escuela Pública dará a conocer hoy los resultados parciales de una consulta ciudadana en defensa de la enseñanza estatal y contra los duros ajustes presupuestarios aplicados por el Gobierno español.
Integrada por las principales organizaciones sindicales y las asociaciones de padres y alumnos, la plataforma entregará este jueves en el Palacio de la Moncloa (sede del poder central) un informe preliminar del referendo que puso en marcha hace casi un mes.
Desde el 23 de septiembre, los ciudadanos pueden votar si están de acuerdo o no con los recortes en la inversión educativa impulsados por el gobierno conservador de Mariano Rajoy para reducir el déficit fiscal.
Esta encuesta forma parte de las movilizaciones convocadas por la comunidad educativa, que incluyen una huelga general del sector para el venidero 24 de octubre y una denominada marcha verde hacia la Moncloa a principios de noviembre.
Hace una semana, el gobernante Partido Popular (PP) español impuso su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para aprobar una reforma de la educación calificada de elitista y segregadora por el sector educativo y la oposición.
Con los votos de 182 diputados de la agrupación liderada por el presidente del Gobierno, la Cámara baja dio luz verde al proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que recibió el rechazo de 137 parlamentarios.
La Lomce, que será debatida por el Senado (Cámara alta) antes de volver al Congreso para su aprobación definitiva, fue impugnada por la práctica totalidad de las fuerzas con representación en el legislativo, salvo Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro, que se abstuvieron.
Ignorando ese clamor y el de toda la comunidad educativa, el proyecto promovido por el ministro español de Educación, José Ignacio Wert, apenas fue arropado por la derecha en el poder.
Una vez más, sus detractores aseguraron que la también conocida como Ley Wert (por el apellido del ministro) se convertirá en la norma más breve y efímera de la historia, al prometer derogarla cuando el PP abandone el Ejecutivo.
Entre otras impopulares medidas, la Lomce incrementa las tasas universitarias, reduce la capacidad de decisión de las autonomías, que tienen transferidas las competencias en la instrucción estatal, suprime la selectividad e introduce exámenes de reválida al final de cada ciclo.
Estudiantes, profesores y familias reprocharon los cambios fomentados por el ministro, al considerar que son contrarios a la igualdad de oportunidades y favorecen la privatización de la escuela pública.
Cataluña, Canarias, Asturias, País Vasco y Andalucía son algunas de las 17 comunidades autónomas de este país europeo que exteriorizaron su repudio a la Ley Wert.