La Cámara de Diputados aprobó, con la unanimidad de 425 votos, el dictamen que impide que los nacionales que se encuentren en mora en el pago de alimentos salgan del país hasta en tanto no cubran el total de su adeudo.
Con la adiciona de una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración, se busca establecer que no podrán salir del país los mexicanos que dejen de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos por un periodo mayor de sesenta días.
En el dictamen turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, se precisa que alrededor de 67 por ciento de los deudores alimentarios no cumplen sus obligaciones y 67.5 de madres solteras no recibe pensión alimenticia, lo cual indica que las medidas legislativas, judiciales y administrativas para evitar este problema han sido insuficientes.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, diputada Amalia Dolores García Medina (PRD) expresó que se busca salvaguardar el interés superior de las niñas y los niños.
La reforma, dijo, plantea que los deudores alimentarios cumplan con su obligación antes de dejar territorio nacional, si han sido morosos por más de 60 días, si han sido denunciados por el acreedor alimentario y si han sido vencidos en juicio.
En los posicionamientos, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) señaló que se fortalece el andamiaje jurídico que permita al Estado cumplir con su obligación constitucional de tutelar el interés superior de la infancia y salvaguardar el derecho a la alimentación de los menores que por alguna razón sus padres se han separado.
Refirió que de las 570 mil parejas que contrajeron nupcias en el 2011, 91 mil 285 tramitaron su divorcio; esto es, 16 de cada 100 casamientos en México, situación que afecta principalmente a los hijos. “Obligar a los deudores alimentarios a cumplir con este compromiso es una medida en favor del desarrollo de las niñas, niños y adolescentes”.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) mencionó que el propósito de la reforma es de justicia para infinidad de niños y sus madres, quienes son acreedores alimentarios y a quienes por una u otra razón el deudor no entrega la pensión correspondiente.
Argumentó que la Ley de Migración establece las excepciones a la autorización de salida del territorio nacional de mexicanos y extranjeros, de ahí la importancia de modificarla.
De Movimiento Ciudadano, la diputada Lorena Méndez Denis subrayó que el dictamen implica una norma de carácter general que sancionaría por igual tanto a un ciudadano, un funcionario o un servidor público e, incluso, al titular del Ejecutivo federal, impidiéndole salir del país de forma legal.
“Pese a los importantes avances legislativos para garantizar pensiones alimenticias a los menores, muchos de los progenitores han encontrado cobijo en las negligencias de las autoridades a la hora de hacer efectivos los mecanismos para reclamar su cumplimiento; se deben implementar mecanismos para el estricto cumplimiento administrativo de estas medidas sancionadas en la materia”, afirmó.
La diputada Gabriela Medrano Galindo (PVEM) indicó que en México aproximadamente un 60 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia como consecuencia de diversas “argucias” de las cuales se valen los deudores alimentarios para evadir esa responsabilidad.
El impedimento de salir del país a los mexicanos que dejen de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos por un periodo mayor de 60 días, abundó, resulta fundamental para fijar precedentes, no sólo en el tema de alimentos, sino en todas aquellas garantías que se encuentran controvertidas y que requieren de modificaciones a la legislación.
A su vez, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (PRD) subrayó que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tres de cada cuatro niños o niñas, hijos de padres separados, no reciben pensión alimenticia.
De ahí, apuntó, la necesidad de regular el cumplimiento de esta obligación, pues las cifras resultan alarmantes al considerar que la falta de cumplimiento de dicha obligación repercute directamente sobre personas que no cuentan con la capacidad de obtener, por sí mismos, los recursos para su sano desarrollo.
Por Acción Nacional, el diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo dijo que el objetivo es impedir que las personas que se encuentren en mora en el pago de alimentos salgan de territorio nacional hasta en tanto no cubran el total de su adeudo, por lo que se busca salvaguardar el derecho humano a la alimentación y, en consecuencia, a la vida.
Resaltó que el derecho a la alimentación es universal y la omisión de esta responsabilidad pone en serio peligro a la salud, así como la integridad física de la persona e incluso de sus posibilidades a un desarrollo integral.
La diputada María Carmen López Segura (PRI) relató que al considerar que el incumplimiento de dicha obligación repercute directamente sobre las personas que no cuentan con la capacidad de obtener por sí mismos lo necesario para su sano desarrollo, “se debe reflexionar sobre los mecanismos que actualmente son utilizados por los deudores alimenticios para evadir sus responsabilidades”.
Puntualizó que es fundamental garantizar el goce de los derechos de alimentación, asistencia médica y educación de los acreedores alimenticios y “contar con la norma que permita poner por encima de todos el interés general de los niños y las niñas”.
Al hablar en favor, la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo (PRI) indicó que si bien es cierto existe la libertad de tránsito, también ésta puede estar limitada por una resolución judicial o porque hay responsabilidades de tipo criminal, civil o alimentaria. “De tal manera que debe garantizarse que los deudores alimenticios cumplan con sus obligaciones”.
Posteriormente, concluyó la sesión y se citó a la Solemne con motivo del 60 Aniversario del Sufragio Femenino en México, mañana jueves 17 de octubre, a las 10:00 horas, y al término de la misma, a la sesión ordinaria.