Madrid, 17 oct (PL) La Plataforma Estatal por la Escuela Pública entregó hoy en el Palacio de la Moncloa (sede del poder central) un millón de firmas contra la reforma educativa del Gobierno español, calificada de elitista y segregadora.
Representantes del citado colectivo, integrado por asociaciones de padres, sindicatos de enseñanza y alumnos, registraron en la Presidencia del Gobierno las firmas recolectadas en su denominada consulta ciudadana contra los recortes en la educación.
Desde el 23 de septiembre y hasta el venidero día 27, los ciudadanos pueden votar si están de acuerdo o no con los duros ajustes en la inversión educativa impulsados por la administración conservadora de Mariano Rajoy, en su afán por reducir el déficit fiscal.
Según el secretario general de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), Jesús Sánchez, con esta campaña se pretende exigir a Rajoy la paralización de los recortes y de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
La plataforma en defensa de la instrucción estatal manifestó su disconformidad porque ningún miembro del Ejecutivo les recibió en la Moncloa.
Nos dijeron que no hay nadie para recibirnos y salieron dos funcionarias para sellar el documento, relató Sánchez, quien lamentó la poca consideración que el Gobierno tiene hacia este movimiento.
Junto al millón de firmas, la comunidad educativa entregó una carta dirigida a Rajoy en la cual explica que, dada la alta participación en la consulta, debería frenar de forma inmediata la tramitación parlamentaria de la Lomce.
Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, acusó al Ejecutivo de autoritario y antidemocrático por darles este jueves «con la puerta en las narices».
Tanto el dirigente de la Ceapa como García insistieron en pedir la dimisión del ministro español de Educación, José Ignacio Wert, artífice de los recortes presupuestarios y de los cambios en la instrucción estatal.
Entre otras impopulares medidas, la Lomce incrementa las tasas universitarias, reduce la capacidad de decisión de las autonomías, que tienen transferidas las competencias en la enseñanza, suprime la selectividad e introduce exámenes de reválida al final de cada ciclo.
Estudiantes, profesores y familias reprocharon las modificaciones promovidas por el derechista Partido Popular, al considerar que son contrarios a la igualdad de oportunidades y favorecen la privatización de la escuela pública.
Cataluña, Canarias, Asturias, País Vasco y Andalucía son algunas de las 17 comunidades autónomas de este país europeo que exteriorizaron su repudio a la también conocida como Ley Wert (por el apellido del ministro).
Esta encuesta se enmarca en las movilizaciones convocadas por la comunidad educativa, que incluyen una huelga general de estudiantes, padres y docentes para el próxi