Bogotá, 18 oct (PL) El abogado colombiano David Florez, vocero del movimiento social y político Marcha Patriótica, afirmó que el rechazo de la Corte Constitucional al recurso interpuesto por la exsenadora Piedad Córdoba golpea el proceso de paz.
Córdoba presentó ante ese ente jurídico una acción legal enfocada a anular el fallo impuesto por la Procuraduría en 2010, que la destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 18 años, desestimada la víspera por la Sala Plena del alto tribunal con una votación de 7 a 2.
En opinión de Florez esta decisión constituye una afrenta contra la democracia y en favor de un procurador oscurantista y segregador, al que confiere un aval para deshacerse de cualquiera que tanga una opinión diferente a la suya, y acabar con los derechos de los colombianos para elegir y ser elegidos.
La sentencia es incongruente, recalcó, «porque Piedad es la persona que más ha buscado la paz en Colombia y castigarla por esto es a todas luces lamentable, además de golpear lo que se está negociando en La Habana», agregó.
Florez acotó que la exsenadora se encuentra fuera del país y, una vez se notifique en segunda instancia esa sentencia procedería a instaurar las correspondientes acciones judiciales contra el Estado colombiano, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En su cuenta de twiter, la exsenadora manifestó que aun cuando respeta el fallo de la Corte, no lo comparte y certificó que acudirá a las instancias internacionales correspondientes en busca de amparo a sus derechos.
«El país no puede estar bajo el control de la Procuraduría, sea quien sea el procurador», sentenció.
«A mis electores les cumpliré, el poder ciudadano nos llevará a lo que buscábamos: un Estado de derecho. «No estoy muerta políticamente, sueño con un país mejor y lucharé por construirlo, es la manera más hermosa de hacer política», expresó.
El parlamentario Ivan Cepeda, manifestó, desde su cuenta de twiter «estoy convencido de que, a pesar de la persecución, Piedad Córdoba seguirá siendo una figura indispensable para conquista de paz y democracia en Colombia».
La sanción de inhabilitación y destitución de la entonces senadora fue impuesta el 27 de septiembre de 2010 por el Procurador General, Alejandro Ordóñez, quien se apoyó en supuestas informaciones encontradas en la computadora del líder guerrillero Raúl Reyes que, en su criterio, probaban la cercanía de Córdoba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
Según la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), las muertes políticas solo podrían decretarse cuando se trate de una condena impuesta por un juez competente en un proceso penal, lo cual no rige en el caso de Piedad Córdoba, cuya destitución e inhabilitación no correspondió a esos presupuestos legales.
La exsenadora ha asegurado que sus contactos con las FARC se limitaron a su labor como integrante de misiones humanitarias para la liberación de personas en poder de la guerrrilla y que, tal como lo determinó en su momento la Corte Suprema, las pruebas del computador de Reyes son inválidas, pues no se respetó la cadena de custodia.
Asimismo ha señalado que la Procuraduría se sustentó en pruebas inexistentes y que se violaron sus derechos a la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia y el debido proceso.