Managua, 19 oct (PL) Al menos 94 de cada 100 nicaragüenses, entrevistados por la firma M&R Consultores aseguran que el gobierno de su país mantiene una postura de paz, diálogo y entendimiento frente a diferendos con Costa Rica y Colombia.
El estudio señala percepciones positivas entre la mayoría de los ciudadanos, independientemente de su afiliación política-partidista, al apoyar los argumentos expuestos por la administración del presidente Daniel Ortega en ambos litigios dirimidos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Según la investigación, la visión favorable fue sustentada por el 85,5 por ciento de los opositores al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, el 91 por ciento de los declarados independientes y por el 97,3 por ciento de los simpatizantes con el Frente.
Ante la pregunta general de aprobación o rechazo a las posiciones del Ejecutivo, el 95,9 por ciento de los ciudadanos respondió positivamente para el caso del conflicto limítrofe con Costa Rica, mientras el 95,7 mostró su respaldo en torno a la disputa con Colombia, resuelta por el máximo tribunal de Naciones Unidas.
Durante esta semana, uno de los principales sucesos noticiosos fue la vista pública sostenida en la CIJ por parte de Managua y San José, ante el reclamo de la administración tica de nuevas medidas cautelares para el área en disputa.
Mediante comunicación telefónica desde la sede del tribunal en La Haya, el doctor Carlos Argüello ofreció entrevistas a la prensa nacional a fin de mantener a la población al tanto de los acontecimientos, que permitieron refutar las pretensiones costarricenses.
«La posición de Nicaragua ha sido invitar a Costa Rica en diferentes ocasiones para que trabajáramos juntos para resolver toda esta situación, incluso en el territorio en disputa», señaló el experto.
En marzo de 2011, la CIJ ordenó a ambos Estados no enviar personal civil, ni militar al área de Harbour Head, hasta tanto ese órgano de Naciones Unidas emita su sentencia final sobre la soberanía de aquel territorio, un terreno de humedales con apenas 35 hectáreas en la desembocadura del nicaragüense Río San Juan.
A raíz de los trabajos en suelo nicaragüense, asociados a la limpieza de caños en el Río San Juan, el gobierno costarricense reclamó a la CIJ la emisión de mayores restricciones a Managua, por supuestos daños irreparables en áreas ticas próximas a la frontera común.
Argüello recordó que en su momento esas labores fueron interrumpidas inmediatamente por indicaciones del presidente Ortega, a fin de evitar conflictos y cumplir lo dispuesto por la CIJ.
Visto este tema en la Corte, a inicios de noviembre próximo habrá otra ronda de audiencias en La Haya a fin de examinar las exigencias de Nicaragua de medidas cautelares para Costa Rica por los estragos medioambientales provocados por el vecino país al río San Juan debido a construcción de carretera en las cercanías del cauce.