Washington, 20 oct (PL) Luego de alcanzar un acuerdo temporal sobre la crisis fiscal, el Congreso estadounidense pudiera calentarse nuevamente por las negociaciones sobre la ley agrícola, estiman hoy comentaristas políticos.
Según el diario USA Today, pese a que los legisladores buscan una tregua, la iniciativa de ley valuada en un trillón de dólares, será la primera prueba para saber cuánto daño hizo el debate de la crisis fiscal.
Los próximos intercambios en el Capitolio se enfocarán en una norma que de no avanzar pudiera quedar atrapada en el logro de un acuerdo sobre el presupuesto a fin de año, predicen fuentes legislativas.
Uno de los problemas medulares de la iniciativa radica en el programa de cupones de alimentos que beneficia a amplios sectores de bajos ingresos del país y que los republicanos aspiran a reducir notablemente.
El presidente Barack Obama dijo que este proyecto, junto a la inmigración, serán una prioridad de su gobierno, pero el tema de los subsidios y los cupones de alimentos son un importante valladar.
Los estados agrícolas del país tienen una fuerte representación en el Congreso estadounidense y los republicanos dominan ampliamente un voto que fue en contra del mandatario.
Se espera que el 28 de octubre se reúna un comité de conferencia sobre el proyecto de ley agrícola que pudiera proponer ideas para avanzar la normativa, tomando en cuenta lo que proponen iniciativas del Senado y la Cámara baja, respectivamente.
El plan de la Cámara aspira a podar del presupuesto fiscal unos 54 mil millones de dólares en un plazo de 10 años, mientras el Senado solo restaría 23 mil millones de dólares, lo que muestra la enorme diferencia entre ambas iniciativas.
De acuerdo con USA Today, un grupo de presión tiene la esperanza de que un compromiso presupuestario pudiera llevar a la ley agrícola a la mesa de Obama para su firma y entrada en vigor.
Sin embargo, los representantes aspiran a un recorte de 40 mil millones al programa de cupones de alimentos y autorizar ese plan por tan solo tres años, mientras los senadores son partidarios de una poda de cuatro mil millones y una autorización del programa por cinco años, tiempo en que estará vigente la ley agrícola.
De no alcanzarse un acuerdo, la ley agrícola de 1949 entra en vigor automáticamente, lo que en la práctica obligaría al Congreso a actualizar y revisar los programas agrícolas.