Santo Domingo (PL) Nuevas estrategias de trabajo para lograr la
equidad de género en los diferentes ámbitos del desarrollo social emergieron de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en República Dominicana.
Del 15 al 18 de octubre pasados, los participantes en este
encuentro, cuya primera edición aconteció en Cuba en 1977, debatieron principalmente sobre la relación de las féminas y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
Tras intervenciones e intercambios de opiniones en paneles, mesas redondas y sesiones plenarias se aprobó durante el último día de la cita, que volverá a celebrarse dentro de tres años en Uruguay, el denominado Consenso de Santo Domingo.
Ese texto recoge el compromiso de trabajar con el fin de garantizar que la sociedad de la información y del conocimiento fomente el empoderamiento femenino.
Dicha acción, precisa el documento, tendrá en cuenta la plena
participación de las mujeres en condiciones de igualdad en las esferas de la sociedad y los procesos de toma de decisiones.
Asimismo, establece diferentes medidas relacionadas con el papel de las TIC y la autonomía de las féminas en sus diferentes dimensiones.
Pone énfasis en el respeto de los derechos sexuales y
reproductivos, la eliminación de la violencia y la participación política, y ratifica la disposición de los países a cumplir los acuerdos asumidos en diversos foros internacionales.
Insta a promover la incorporación del tema de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la agenda para el desarrollo después de 2015, fecha tope para cumplir los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas.
El Consenso recomienda el diseño de acciones para la construcción de una nueva cultura tecnológica, científica y digital, orientada a las niñas y las mujeres.
Sugiere potenciar la inclusión de la perspectiva de género como eje transversal de las políticas públicas de desarrollo productivo a todos los niveles.
También, fomentar medidas legislativas y educativas para erradicar y penalizar contenidos sexistas, estereotipados, discriminatorios y racistas en los medios de comunicación, software y juegos electrónicos.
Otro de los acuerdos se dirige a lograr el aumento de la proporción de mujeres en ámbitos donde están escasamente representadas, como el académico, el científico y el tecnológico.
Aparece además el compromiso a desarrollar políticas activas
referidas al mercado laboral y el empleo productivo que aseguren trabajo decente a las mujeres sin condiciones de precariedad e informalidad.
Varias propuestas se refieren al acceso de las mujeres a servicios financieros formales, como el ahorro, el crédito, los seguros y las transferencias, sin ningún tipo de barrera por discriminación y en condiciones de igualdad.
Durante el foro se denunció que más de 23 millones de féminas de 670 pueblos indígenas, reconocidos por los Estados de América Latina y el Caribe, son víctimas de profundas desigualdades étnicas y de género.
Ante esa situación, expuesta en un estudio de la Comisión Económica de dicha área geográfica (Cepal), se exhortó a avanzar en la protección de los derechos de las afectadas.
Según la investigación, con análisis de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Panamá, México y Perú, la mayor población de mujeres indígenas está en las dos últimas naciones.
Ellas, plantea el texto, tienen la potencialidad para ser generadoras de bienestar y desarrollo sostenible de sus pueblos, pero sufren discriminaciones de carácter económico, étnico, de clase y de género que se manifiestan en múltiples vulnerabilidades.
La Cepal estima que la garantía del ejercicio de los derechos
individuales y colectivos de estas mujeres es indispensable para avanzar en la conquista de la igualdad en la región.
Por otra parte, el estudio afirma que el fenómeno de la migración tiene muchas veces consecuencias negativas en las condiciones de vida de las indígenas pues terminan viviendo en sitios más pobres, precarios e inseguros.
Además, en materia de educación los avances son insuficientes y se evidencia la pérdida del idioma original como resultado del proceso de escolarización.
El camino hacia el desarrollo sostenible requiere transformaciones en la matriz productiva y el aporte de las mujeres, consideró la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, en la apertura de la conferencia.
Una revolución digital, subrayó, tiene el desafío de lograr la igualdad de género y cambiar los contenidos con una fuerte carga sexista, que desalientan y excluyen a las féminas de gran parte de la información y el conocimiento.
Teniendo en cuenta los resultados del estudio Mujeres en la
economía digital, Bárcena comentó que existe aún una brecha de uso acentuada entre las féminas no ocupadas y las que viven en el ámbito rural.
Entre las más jóvenes y asalariadas la separación se cierra, pero persisten los riesgos de la sobrecarga de trabajo y las barreras para el desarrollo de habilidades respecto al permanente cambio y actualización de las tecnologías, agregó.
A juicio de la secretaria ejecutiva de la Cepal, para cruzar el umbral de la desigualdad las políticas públicas dirigidas hacia las mujeres en la sociedad de la información deben maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos.
De esa manera, expuso, se requiere dejar atrás los abordajes
minimalistas como los pequeños créditos, los bajos subsidios y la débil capacitación.
Bárcena criticó que en un contexto de crecimiento de las economías de la región, la mitad de las mujeres latinoamericanas y caribeñas no tengan acceso al mercado laboral, mientras la participación de los hombres es de casi 80 por ciento.
Una sociedad segmentada donde las mujeres ocupan los puestos más precarios y peor remunerados es injusta e ineficiente, recalcó ante el presidente dominicano, Danilo Medina, funcionarios internacionales, especialistas y representantes de la sociedad civil y el sector empresarial.