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Estados Unidos-Caribe: La invasión silenciosa


Por Roberto Castellanos

La Habana (PL) El combate contra el narcotráfico se convirtió durante las últimas décadas en uno de los puntales de Estados Unidos para la penetración político-militar en el Caribe, región clave por su posición estratégica y  recursos naturales.
Tradicionalmente, Washington ha intentado mantener a esa área bajo su manto, ante la necesidad de proveerse de materias primas vitales y de controlar varias de las principales rutas de transporte del mundo.
Esa estrategia se ve favorecida por la extensión del mar Caribe y los escasos recursos con que cuentan la mayoría de las naciones de la zona.
El narcotráfico aumentó en el Caribe un nueve por ciento en los últimos años, comentó el subsecretario de Estado Adjunto de Estados Unidos para la lucha antidrogas, William Brownfield.
“Este problema sí está en proceso de traslado a la región caribeña y eso es un peligro”, afirmó el funcionario, un argumento empleado por la Casa Blanca para incrementar la presencia militar en la zona.
En similar sentido se pronunció el vicepresidente norteamericano, Joseph Biden, durante su reciente visita a Trinidad y Tobago.
Me preocupa grandemente la vulnerabilidad del Caribe ante el flujo de estupefacientes, señaló en diciembre de 2012 el general norteamericano John F. Nelly durante la Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe, celebrada en Miami, Florida.
En ese evento se discutió el programa de asistencia marítima Mares Seguros, dirigido por el Comando Sur (Southcom) y vinculado a la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI).
Como parte de Mares Seguros, la Guardia Costera estadounidense está a cargo de la adquisición de barcos y sistemas de comunicación, así como de la capacitación del personal de Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Surinam.
Precisamente, durante la década de los 90 del pasado siglo la mayoría de las naciones que integran las Antillas Menores firmaron con Estados Unidos tratados de asistencia legal mutual y de asuntos marítimos contra las drogas.
Esta política de Soft Power (poder blando), muy similar a la del “Buen Vecino”, impulsada por la administración de Franklin D. Roosevelt (1933-1945), permite a Washington penetrar en la zona de una forma mucho más sutil que en décadas pasadas, cuando la estrategia  interventora tenía como punta de lanza a los marines.
Al respecto, un informe conjunto presentado por tres influyentes centros de investigación estadounidenses reveló que la Casa Blanca favorece el empleo de Fuerzas de Operaciones Especiales en sus políticas de seguridad hacia la región.
Según el Centro para Políticas Internacionales, Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el objetivo es esas tropas es la recaudación de inteligencia y otras misiones bajo el paraguas de la lucha antidrogas.
El documento, titulado “Hora de escuchar: tendencias en asistencia de Seguridad de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe”, precisa que esos comandos tienen que familiarizarse con el terreno, la cultura y políticos con quienes en alguna ocasión podrían interactuar.
En lugar de construir bases, emplear la Cuarta Flota o lanzar paquetes de ayuda de “gran envergadura” como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, el involucramiento de las fuerzas armadas estadounidenses se hace más ágil y flexible, subraya.
No obstante, la nación norteña mantiene como objetivo la construcción de instalaciones militares en la zona, como las tres que estudia erigir en Honduras.
De acuerdo con el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, de Argentina, sólo en el Caribe el Pentágono tiene bases militares en Aruba (base área Reina Beatriz), Curazao (Hato Rey) y Haití, donde están desplegadas numerosas unidades tras el terremotote 2010.
El departamento de Defensa norteamericano también cuenta con instalaciones castrenses en Honduras, Colombia, Panamá, México y en la base naval de Guantánamo, territorio ocupado contra la voluntad del pueblo y gobierno cubanos.
Especial atención merece Puerto Rico, dado su condición colonial, como reconoce Naciones Unidas.
El argumento ofrecido por el Comando Sur estadounidense de luchar contra el narcotráfico es solo una justificación para garantizar intereses de la Casa Blanca en la zona, estimó el politólogo Sandino Asturias.
Uno de los elementos para el control del Caribe y de Latinoamérica es la IV Flota con sede en la Base Naval de Mayport, Florida, reactivada en 2008, una decisión que provocó duras críticas de gobiernos latinoamericanos.
Otro componente importante es el Sistema de Intercambio de Información de Naciones Cooperantes (Cnies, por sus siglas en inglés).
Según la revista Diálogo, editada por el Southcom, el Cnies emplea el Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional (CSII), que utiliza tecnologías de última generación.
“Financiado por el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado, y coordinado por el Comando Sur, el proyecto de CSII responde a la necesidad de reforzar el intercambio multilateral de información y aprovechar mejor los recursos con los que cada país cuenta para combatir la amenaza del narcotráfico”, señala la publicación.
“Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Guyana, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas ya firmaron memorandos de entendimiento y acuerdos de asistencia para la interceptación aérea”, agrega.
Esas naciones iniciaron la transición hacia CSII, y solo es cuestión de tiempo para que el resto de las naciones que utilizan Cnies den el salto a la nueva tecnología, comentó el teniente coronel estadounidense Gregory Harmon, responsable del proyecto.
En ese sentido, la Marina estadounidense anunció que empezó a probar el uso de minidrones y aerostatos para controlar y capturar a traficantes de drogas en la región. El Pentágono confirmó que ya cuenta con 10 aviones no tripulados de tipo Predator en la zona.

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