La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) requiere un perfil mediador entre la sociedad y el Gobierno del Distrito Federal, para la defensa de los derechos humanos, el mantenimiento del Estado de Derecho, el fortalecimiento de las instituciones y la profesionalización de los sectores públicos, para consolidar una cultura de derechos humanos, señaló Rosy Laura Castellanos Mariano, aspirante a la presidencia de dicha Comisión.
Agregó, en su carta de postulación, que el fortalecimiento de las instituciones es producto de los esfuerzos de la sociedad organizada, la representación de elección popular, el propio gobierno, el sector empresarial y todas aquellas personas que han actuado abiertamente interesadas en mantener un encuentro para el diálogo, el respeto por lo público y el impulso de los derechos humanos en el Distrito Federal.
Castellanos Mariano se pronunció en favor de consolidar una cultura de derechos humanos en la ciudad, fortalecer los espacios de participación, debate y acuerdo sobre los temas de la ciudad, y subrayó la necesidad del diálogo permanente con las instancias de gobierno locales y federales y las comisiones de derechos humanos en todo el país.
Reconoció que la CDHDF es un organismo emblemático del Distrito Federal que ha contribuido al avance progresivo de los derechos humanos en la Ciudad de México, y cuyos titulares se han encargado de fortalecerlo.
Entre las organizaciones civiles que postulan a Castellanos Mariano se encuentran la Universidad del Claustro de Sor Juana; el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Alternativas Pacíficas A. C., el Centro de Investigaciones y Estudios Mexicano en Migración y Trata de Personas, A. C.; Servicios de Apoyo Intercultural, A. C.; Trabajo Social y Tercer Sector A.C.; Entre Soles y Lunas A.C. Además de profesores e investigadores en derechos humanos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de mujeres académicas feministas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como varias instituciones, organizaciones, de mujeres y hombres intelectuales de América Latina y el Caribe que conocen de cerca su trayectoria.
Rosy Laura Castellanos Mariano es hija de campesinos indígenas; licenciada en Pedagogía por la UNAM; tiene estudios en maestría en Derechos Humanos y Democracia en América Latina con especialidad en políticas públicas con enfoque de derechos humanos, becaria por la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador y la Unión Europea.
Desde su participación en el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de 1986, fundado por estudiantes de la UNAM, se destacó por la defensa de los derechos estudiantiles, indígenas y representó a la comunidad estudiantil en la mesa de investigación y cultura. Ha sido defensora y promotora de los derechos de las mujeres indígenas, organizó los primeros encuentros de “Mujer India. Vida y Violencia”, apoya desde siempre la diversidad y en general de las personas y colectividades en condiciones de alta vulnerabilidad.
En el ámbito de la sociedad civil organizada ha colaborado para la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH); Alianza Cívica; Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS); Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD); Educación y Cambio A.C., entre otras.
Destacan sus colaboraciones en el Informe sobre la situación del derecho a la información en México, que realizó desde la coordinación del Área de Transparencia y Acceso a la Información en Alianza Cívica; la coordinación de la Campaña de Educación sobre el Acceso Ciudadano a la información pública gubernamental en cinco estados de la República.
Para la Unión Europea, colaboró en la construcción de la metodología y estructura del programa educativo para el conocimiento y práctica del derecho a la información en el país; “Vigilancia Ciudadana de los actores políticos y sociales: Caleidoscopio Ciudadano” para el PNUD; coordinó la Visita Extranjera de Observación Electoral para el proceso de elección México 2006, y el estudio “Precampañas y financiamiento a partidos políticos 2005-2006.
En la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) se desempeñó como Subdirectora de Desarrollo Institucional; en dicha institución se integró al Instituto de Investigaciones y Estudios de Postgrado con el tema de Educación en Derechos Humanos.
Se ha desempeñado como integrante de la representación de las organizaciones civiles y sociales en la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos que preside la Secretaría de Gobernación, fue electa por la sociedad civil para dar el discurso de apertura de los trabajos para la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos 2013-2018.
En Guatemala, trabajó para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ); entre otras acciones, se hizo cargo de la construcción de la estrategia para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y fue mediadora e interlocutora para las demandas en materia de seguridad nacional: el caso del desmantelamiento de las oficinas de inteligencia militar para dar paso a la inteligencia civil, responsable de coordinar la iniciativa de ley de acceso a la información, datos personales y seguridad nacional. Contribuyó en la elaboración del marco normativo para Instituto de la Mujer Guatemalteca en colaboración con organizaciones feministas. En Sudamérica ha participado en la discusión y fundamentación filosófica de los derechos humanos desde la perspectiva crítica latinoamericana.
Ha cursado diversas actualizaciones y diplomados en universidades mexicanas y extranjeras; ha colaborado como asesora externa en la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública; en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).
Actualmente preside el Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos sede México (CULTURADH), desde donde impulsa una red de pensadoras y pensadores en América Latina y el Caribe, personas especializadas en el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, para generar propuestas sociales, viables, efectivas y operativas que han apoyado a gobiernos con resultados.