El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, señaló que el espionaje realizado por el gobierno americano debe tener las sanciones correspondientes por la violación a la privacidad de ciudadanos mexicanos y la seguridad del país, y a partir de ahora, las relaciones México – Estados Unidos tendrán que iniciar una nueva etapa basada en la confianza mutua y el respeto.
Barbosa Huerta opinó que si el espionaje del gobierno estadounidense no tiene consecuencias o sanciones, la confianza entre ambos países quedará dañada y disminuirán las posibilidades de desarrollar acciones conjuntas en beneficio de la sociedad.
Indicó que sería un pésimo mensaje una tensión bilateral en momentos en que ambos países requieren estrechar sus mecanismos de colaboración para superar el estancamiento económico e impulsar temas presentes en ambas agendas, como el acuerdo migratorio, el combate al crimen organizado y la vigencia de los derechos humanos.
El también Presidente del Instituto Belisario Domínguez consideró que no es suficiente, como algunos lo argumentan, que todos los gobiernos realizan labores de inteligencia para mantener informados a sus respectivos gobiernos de naciones vecinas, aliadas o adversarias.
Si las agencias estadounidenses intervinieron las comunicaciones del ex presidente Felipe Calderón y del entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, de candidatos de la oposición, se trata de una violación de la privacidad y a la seguridad de nuestro país, aseguró el senador del PRD.
Opinó que si connacionales facilitaron o colaboraron en el espionaje de agencias norteamericanas a autoridades o candidatos, deben ser sancionados, pero más allá de las sanciones a personas, debe haber cambios en la política de colaboración y en el trato entre gobiernos.
“El Estado mexicano debe transitar de una actitud inercial a una política exterior que recupere la posición de México en su visión de respeto, soberanía y colaboración”, dijo el senador poblano.
Señaló que los senadores del PRD darán seguimiento a las acciones del gobierno de Estados Unidos para constatar que las declaraciones del embajador Anthony Wayne “se traduzcan en hechos y no se queden sólo en palabras”.