Buenos Aires (PL) La validación constitucional de la Ley de Medios en Argentina constituye un golpe al monopolio mediático, en especial el que ejercía el poderoso grupo Clarín, como garantía de pluralidad democrática y de la libertad de prensa.
La iniciativa que promulgó la presidenta Cristina Fernández en diciembre de 2009 tardó en entrar en vigor plenamente cuatro años, debido a las maniobras legales y medidas cautelares que interpuso el consorcio hegemónico dirigido por Héctor Magneto.
Esa fue la única empresa de medios que se negó a acatar la legislación, e intentó incluso invalidarla en una clara demostración de poder. Rechazó en especial los acápites que limitan el control de tenencia de licencias para evitar la monopolización de medios por parte de un grupo empresarial.
Estimaciones oficiales indican que el multimedios presta servicios de radio a un 41,88 por ciento de la población, de televisión abierta a un 38,78 por ciento y servicios de «TV por suscripción» a un 58,61 por ciento, por lo cual estaría excedido en todos los casos.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró constitucional la norma generó gran júbilo popular y fue ponderado por investigadores, periodistas, escritores y líderes sociales y gremiales.
Millares de argentinos se volcaron a la Plaza de los Dos Congresos, frente a las sedes de la Cámara de Diputados y el Senado, donde se aprobó el proyecto en diciembre de 2009 a instancia de la presidenta Cristina Fernández, para celebrar con gran júbilo la entrada en vigor de la legislación.
UNO DE LOS FALLOS MÁS TRASCENDENTES
El juez Eugenio Zaffaroni, uno de los siete miembros de la Corte Suprema, consideró el veredicto como uno de los más trascendentes fallos de este órgano, por «el impacto que tiene sobre lo que serán nuestras conductas de coexistencia en el futuro».
A partir de la tesis de que «no cabe duda que los medios masivos de comunicación son formadores de cultura», Zaffaroni sostuvo en declaraciones posteriores a la validación de la ley al servicio informativo del Ministerio de Justicia, Infojus.
La decisión -remarcó- «trasciende mucho lo político, porque los medios de comunicación masiva nos condicionan simpatías, antipatías, empatías, juicios, prejuicios, costumbres, sexualidad, es decir la totalidad de las formas en las que interactuamos en una sociedad. Corren el grave riesgo de homogeneizar esa cultura, nuestra cultura».
«Y eso no se puede dejar en manos monopólicas, ni oligopólicas. Dejar eso en manos monopólicas u oligopólicas es un suicidio cultural, ese es el problema», reiteró.
Reflexionó que «construcción de realidad es verdad en el sentido de que después me comporto conforme a lo que yo creo que sé, y eso me lo dan los medios».
«No soy testigo de eso que pasa en el mundo;» puntualizó, «soy testigo de la forma en que los medios me recortan, de lo que los medios me muestran. Que lo pueden hacer ideológicamente, conforme a intereses sectoriales, pero lo pueden hacer también ingenuamente».
Defendió, a su vez, la intervención del Estado como regulador de la concentración mediática, al señalar que es lo que «hacen todos los estados del mundo, los países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, por ejemplo».
Y consideró: «Nosotros no podemos marchar a contramano de lo que nos está mostrando la legislación comparada. Incluso, hay países que lo hacen de manera mucho más restrictiva que esta ley».
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO
En la argumentación del fallo, la Corte Suprema destacó que es «legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado».
Entre los argumentos utilizados por los magistrados, se especifica que la regulación de «la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso».
Tras advertir que la concentración monopólica de los medios atenta contra la libertad de expresión, el veredicto remarcó que «se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes».
«Los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público y en la cultura, por lo que el interés del Estado en la regulación es incuestionable», concluyeron los jueces.
PREPOTENCIA GOLPEADA
Magneto se vanagloriaba de que con tres tapas (portadas) Clarín podía tumbar a presidentes en Argentina; lo intentó muchas veces primero contra el extinto Néstor Kirchner y después contra Cristina Fernández, en especial en los dos últimos años, en los que utilizó todo tipo argucia y hasta la mentira mediática para desacreditar a la mandataria y a su equipo ejecutivo.
Sin embargo, al menos ella podrá ver el fin del monopolio mediático de ese consorcio hegemónico que ahora deberá deshacerse de muchos de los medios que domina. El multimedio controla numerosas emisoras de radio, televisión, periódicos, revistas y casas editoriales.
Igualmente, tiene el dominio sobre proveedoras de internet y mensajería, la televisión por cable, portales digitales y la fabricación y distribución de papel prensa, empresa según se le acusa de haberla expropiado, en confabulación con la junta dictatorial, de sus legítimos propietarios para adueñarse también de esa compañía.
Los dueños originales presentaron una demanda contra la jerarquía del consorcio de medio por expropiación ilegal.
Ya la junta del grupo Clarín amenazó, tras divulgarse el veredicto, con acudir a las cortes internacionales e incluso logró que se organizara una reunión extraordinaria de la Sociedad Interamericano de Prensa (SIP), cuya sede aunque Estados Unidos no pertenece a ella está en Washington.
Pero el director de la Autoridad Federal de Servicios y Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, aclaró que «ya Clarín no tiene nada que hacer en ningún tribunal pues la ley fue declarada constitucional por la corte superior», y ahora solo le resta -puntualizó- adecuarse al procedimiento que fija la norma «aplicable a todos por igual».
Precisamente, Sabbatella resaltó que el veredicto de octubre 29 «es un triunfo para la democracia en Argentina y profundiza la pluralidad» porque sustituye una norma que implantó la última dictadura militar.
Ahora, el grupo Clarín, por ejemplo, tendrá que definir en primera instancia si se queda con Canal 13 o con Cablevisión-Multicanal (más allá del litigio por la fusión desautorizada), ya que la nueva ley prohíbe a una misma empresa ser dueña de una licencia de televisión abierta y una compañía de cable. Así sucede con la campaña de Clarín en defensa de TN, otro de sus canales televisivos, que no es una simple estrategia de comunicación y podría estar diciendo mucho más de cuanto sus palabras expresan.
Es que el consorcio tiene varias disyuntivas. Por un lado, debe elegir entre su señal de televisión abierta o su operadora de cable. Si opta por Canal 13, podría mantener Todo noticia (TN). En cambio, si se decide por Cablevisión-Multicanal, tendría que vender todas sus señales de cable menos una (podría ser TN), que debería ser local.
El cable es el corazón del negocio del grupo, ya que casi la mitad de sus ingresos (unos dos mil 700 millones de dólares) provienen de los más de 800 mil usuarios que pagan mensualmente.
Ponerle en venta implicaría una transacción de por lo menos mil 600 millones de dólares, según los analistas.
Para hacer el análisis, el precio se mide por la tecnológica, que incluye desde el equipamiento hasta por la cantidad de fibra óptica de la que están compuestas sus redes, la cobertura y la necesidad de inversión para el crecimiento.
De todos modos, aducen los entendidos en la materia, más allá de que las cifras llevarían al consorcio a optar por el operador de cable, la decisión no lo liberaría de tener que realizar aún más cambios en su negocio para poder seguir operándolo.
La ley estipula que la cantidad de abonados de las compañías de cable no pueden superar el 35 por ciento del total de clientes de TV por suscripción de todo el país, y hoy Clarín posee el 47 por ciento, y deberá limitar su cobertura a solo 24 localidades.
A partir de esa regulación, emana otro temor del grupo sobre la continuidad de su señal de cable de noticias, ya que la legislación establece que los operadores de televisión paga solo podrán ser dueños de un canal de cable y este no podrá tener alcance nacional.
Así, para conservar TN, Clarín deberá desprenderse entonces del resto de sus canales de cable (Volver, Magazine y Metro, entre otros) y convertir a TN en una señal local.
«Más allá de las cifras, lo que esta ecuación no tiene en cuenta es la coyuntura. Por más que los empresarios puedan ponerle precio a sus negocios en los medios, la nueva normativa puede modificar por completo el mercado y el mapa de medios», opinó el servicio digital mendocino MDZ Online.
OTRAS OPINIONES
Distintas personalidades de la política, el arte y la sociedad civil en general vertieron opiniones, todas favorables, sobre la Ley de Medios y su validación constitucional.
En un comunicado, la Confederación de Trabajadores de Argentina sostuvo que «la resolución de la Corte es también la derrota de los que pretendieron ponerle límites al avance de la democracia. A partir de hoy tenemos más resguardo para el pluralismo y para el derecho ciudadano a la información».
El Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, expresó desde su cuenta en Twitter que «esta no es una ley del Kirchenrismo; es una Ley de todos los argentinos. Aquí no hay libertad de prensa, hay libertad de empresa».
«A partir de ahora seremos un país mejor. Esto nos hace mejor. Faltará conocer los detalles pero sin dudas es un día histórico», manifestó, por su parte, el prestigioso conductor radial y televisivo Víctor Hugo Morales, tras difundir la noticia en su programa de la emisora Continental.
Morales fue llevado a juicio por el director ejecutivo del Grupo Clarín, Héctor Magneto, como acción intimidatoria y de castigo, por difundir verdades sobre ese consorcio hegemónico, proceso que aún está abierto.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, manifestó que «estamos festejando, es un muy buen augurio para los tiempos que vienen. No hay derrotas cuando uno tiene el corazón abierto para la patria grande».
Desde el Congreso, la jefa del bloque Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, expresó que «el pueblo argentino se merecía su derecho a la información».
El cantante, músico, compositor, actor y productor argentino Fena Della Maggiora consideró que «este proyecto político empezó a poner la lupa dónde estaba el poder real. Me pone feliz saber que alguien se atrevió a pegar en donde nadie se había atrevido a pegar antes».