Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragon y Kalb en la que señala un nuevo montaje de la Policía Federal, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, para justificar la muerte de una persona.
En la recomendación número 49/2013 del 29 de octubre de este año, la Comisión relata los hechos ocurridos la madrugada del 27 de abril de 2010 en Metepec, Estado de México, cuando la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), a cargo de Genaro García Luna, reportó un enfrentamiento y persecución derivado de la supuesta fuga de una persona de un punto de revisión.
Según dio a conocer en su momento la SSP, los hechos dejaron a un hombre muerto, de nombre Osvaldo Aguilar Martínez y otro, Óscar López Granados, detenido a disposición del Ministerio Público.
Ahora, más de tres años después, la CNDH recoge los testimonios de dos testigos -el detenido y un familiar del hombre abatido- consecuencia de las quejas emitidas en mayo de 2010.
La recomendación recoge que el padre de Aguilar Martínez recibió una llamada alertándolo sobre que elementos policiacos intentaban introducirse a la fuerza a la casa del agraviado, por lo que el padre y su esposa se trasladaron al sitio, al cual no pudieron llegar porque elementos de la Policía Federal se los impidieron.
Tras esto, los familiares escucharon detonaciones de arma de fuego y retrocedieron, para luego regresar por otra ruta, tiempo en el cual las autoridades les informaron que una persona había sido abatida en una de las habitaciones de la casa.
Por su parte, López Granados narra en la queja que por la tarde de ese día transitaba con un acompañante a bordo de una camioneta en la avenida Estado de México cuando policías federales los detuvieron en una especie de retén, inspeccionaron el auto y encontraron una “charola”, otorgada por una Confederación de Motociclistas, de acuerdo con su testimonio, la que según las autoridades era falsa.
Luego de esta acusación, los federales lo subieron a una camioneta en la que cubrieron su rostro con una chamarra y lo golpearon en repetidas ocasiones para luego llevarlo a un terrero en donde continuaron los golpes y ”lo sujetaron de las extremidades mientras le colocaban un trapo en la nariz, al cual vertían agua, por lo que sentía que se ahogaba”, cita la recomendación.
Luego de la presión, López accedió a llevar a los policías con la persona que le había dado la mencionada “charola”, fue en ese momento cuando se introdujeron en la casa de Aguilar, en donde el testigo observó que los servidores públicos tiraron una cámara de seguridad y escuchó disparos, uno de ellos que hirió a uno de los oficiales.
“Momentos después un policía le dio una pistola, ordenándole que le colocara los cartuchos y diera ‘cuatro jalones’; asimismo, lo llevaron a la parte trasera del inmueble y le indicaron que disparara al pasto, mientras lo tenían encañonado”, dice.
Al final, se dio cuenta que los federales estacionaron el auto en el que originalmente viajaba cerca de la casa del ahora fallecido Osvaldo Aguilar, y posteriormente lo trasladaron al terreno en el que había estado con anterioridad para luego presentarlo ante el ministerio Público.
Ante ello, la CNDH señala que en el caso se violaron varias garantías al realizar cateo ilegal, uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria, trato indigno y privación de la vida.
“De la misma forma se vulneraron los derechos al trato digno, legalidad, seguridad jurídica, así como a la presunción de inocencia, honor y buen nombre en agravio de V1 (Osvaldo Aguilar) y V2 (López Granados) “, señalan en el documento.
EL FANTASMA DE CASSEZ
Este caso recuerda otro montaje realizado durante la gestión de García Luna, en el que se transmitió en televisión en vivo la supuesta detención de la francesa Florence Cassez, acusada junto a su pareja Israel Vallarta de secuestro.
En la emisión se pudo ver a elementos de la Agencia Federal de investigación (AFI) entrar a una casa al sur de la Ciudad de México, en donde se detuvo a ambos.
Tras esto, Cassez fue sentenciada a 60 años de prisión, de los cuales sólo cumplió seis en el Penal de Tepepan, del que fue liberada el año pasado debido a irregularidades durante su proceso, incluido el montaje que el 5 de febrero de 2006 García Luna reconociera en un noticiero televisivo, argumentando que fue ”una reconstrucción solicitada por los medios de comunicación”