Riad, 4 nov (PL) El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, apreció hoy aquí el compromiso de Arabia Saudita con la paz en Siria, pero admitió que la crisis en ese país carece de solución militar.
Sin embargo, en rueda de prensa con su homólogo Saud al Faisal, comprometió la continuación del apoyo de Washington a los grupos armados desde el exterior que tratan de derrocar al presidente constitucional sirio, Bashar Al Assad, pero advirtió que «las organizaciones extremistas aumentan sus fuerzas y deben ser detenidas».
Tanto la perspectiva sobre el curso del conflicto sirio, como el tipo de sustento a las entidades armadas son dos de los puntos de disenso entre Estados Unidos y el reino de la península arábiga.
El pasado 18 de octubre Arabia Saudita rechazó el asiento de miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el que fue elegido por unanimidad en protesta por la parcialidad de Estados Unidos a favor de Israel y contra los derechos palestinos y la reversa de Washington de lanzar un ataque armado contra Siria.
Sin embargo, insistió en que (el presidente sirio, Bashar) «Al Assad ha perdido toda legitimidad y debe irse», un razonamiento similar al empleado para el ataque de la OTAN contra el Gobierno liderado por Muamar el Gadafi en Libia, tras cuyo derrocamiento ese país del norte de Africa ha devenido un territorio en el cual las milicias armadas imponen su ley.
El canciller saudita, de su lado, admitió que las diferencias de su país con Estados Unidos son más de táctica que de objetivos y subrayó que las relaciones con Washington «siempre han estado basadas en la independencia y el respeto mutuo» y en los intereses de ambos estados.
Kerry llegó al reino saudita la víspera procedente de Egipto, donde se reunió con los principales componentes del Gobierno interino, instalado tras el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi por las Fuerzas Armadas el pasado 3 de julio.
Otra de las escalas del canciller estadounidense será Israel, donde tratará de insuflar aliento a las conversaciones palestino-israelíes, convocadas bajo su patrocinio desde julio pasado y al borde del colapso por la falta de progresos y el aumento de la confiscación de tierras en Cisjordania y Jerusalén para construir viviendas para judíos emigrantes.
Las autoridades palestinas dejaron entrever hoy que sopesan la posibilidad de llevar ante la ONU el caso de los asentamientos israelíes, un crimen de guerra según la legislación internacional vigente.