Londres, 6 nov (PL) Los abogados de David Miranda, pareja del periodista Glenn Greenwald, quien ha difundido las informaciones sobre el programa de espionaje masivo de Estados Unidos y Reino Unido, afirmaron hoy que la detención del joven en agosto último fue un acto ilegal.
En una audiencia ante en Tribunal Supremo, el equipo de la defensa sostuvo que el arresto del joven brasileño en el aeropuerto de Heathrow, de esta capital, constituyó una violación de los derechos humanos y un mal uso de la ley antiterrorista, alegada como excusa por la policía para justificar la detención.
Miranda, quien no estuvo presente en la sesión, es pareja de Glenn Greenwald, periodista del diario británico The Guardian que publicó datos provistos por el exanalista de la inteligencia norteamericana Edward Snowden sobre un programa de espionaje masivo de Londres y Washington.
El 18 de agosto último las autoridades británicas detuvieron a Miranda por nueve horas en el aeropuerto y le confiscaron los dispositivos electrónicos que llevaba.
Sobre el incidente, los abogados aseguraron que no se trató de una pesquisa para averiguar si el brasileño estaba involucrado con actos terroristas, pese a que la policía utilizó la ley antiterrorista como pretexto.
Según los representantes legales fue una maniobra para ayudar a la seguridad británica a acceder a los materiales transportados por Miranda, dadas las posibilidades de que estuvieran relacionados con las revelaciones de Snowden.
En consecuencia, la detención fue una violación de los derechos humanos y de libertad de expresión del defendido, y un uso impropio de la legislación de lucha contra el terrorismo, resumieron.
La audiencia, que debe extenderse por dos días, llama la atención sobre un tema que encabeza las portadas de los periódicos en los últimos meses: el programa de espionaje masivo mundial de las agencias de inteligencia norteamericana y británica.
Las revelaciones sobre la vigilancia a personas, instituciones y gobiernos de todo el mundo mediante las comunicaciones telefónicas y de Internet, han provocado numerosas expresiones de rechazo por parte de organizaciones de la sociedad civil y de los propios sectores políticos.