Montevideo, 9 nov (PL) La Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuestionada por sectores políticos y sindicales, provocó nuevas tensiones esta semana al declarar inconstitucional una ley que liquidó la empresa aérea Pluna para que la administre una cooperativa de trabajadores.
El fallo puso freno a esa iniciativa gubernamental, aunque la decisión fue dividida 3-2 y no unánime como suelen ser en materia constitucional.
Votaron a favor los ministros Ricardo Pérez Manrique, Jorge Larrieux y Jorge Chediak, mientras que se opusieron los magistrados Jorge Ruibal Pino y Ángel Cal, quienes entendieron que los reclamantes (acreedores de Pluna S.A.) no tienen legitimidad.
La senadora Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica, dijo que «llama muchísimo la atención que estos fallos hayan sido aprobados por mayoría y no por unanimidad».
Quiere decir, agregó, que tiene por lo menos dos lecturas: una que dice que es inconstitucional y otra que dice que no. Las señales han salido muy confusas desde la SCJ, acotó.
A su vez, el senador Ernesto Agazzi, también del Frente Amplio, señaló que nunca en su vida había visto «tanto activismo de una estructura tan importante del Poder Judicial».
Opinó al respecto que «incide en ello que ha habido actores que están ‘judicializandoâ€Ö la historia y llevan temas a la SCJ».
Tanto Agazzi como Topolansky, no obstante, comentaron que -a pesar de sus criterios-, habrá que respetar el fallo. Consultado el exmandatario y precandidato presidencial, Tabaré Vázquez, dijo que le sorprendió el fallo pero precisó: «si la SCJ lo declara inconstitucional, hay que respetar el fallo».
La decisión se dio a conocer en medio de un polémico procesamiento judicial de siete activistas, que en febrero pasado participaron en protestas frente a la SCJ por el sorpresivo alejamiento de la jueza Mariana Mota de varios casos de violación de derechos humanos.
Ese procesamiento fue de inmediato rechazado por el gobernante Frente Amplio, que expresó su «preocupación por este tipo de dictámenes que podrían llegar a lesionar el legítimo derecho a manifestarse que debe ser garantizado en una sociedad democrática».
Igualmente, varios sindicatos afiliados a la central obrera PIT-CNT cumplieron paros y otras protestas frente a la sede de la SCJ.