Santiago de Chile, 12 nov (PL) Una nueva causa fue añadida al expediente de tres exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), presos por violaciones de derechos humanos, entre ellos el general (r) Manuel Contreras, quien fuera jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Según informaron fuentes judiciales, el nuevo procesamiento fue dictado por el ministro en vista de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos, por el secuestro del artesano José Manuel Ramírez el 27 de julio de 1974 en Santiago de Chile.
De acuerdo con las conclusiones del magistrado, Ramírez, quien militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, se encontraba en su domicilio ese día, cuando a las 01:00 horas llegaron tres individuos vestidos de civil, quienes se hicieron pasar por funcionarios de Investigaciones.
Supuestamente sería llevado a la Comisaría de la comuna capitalina comuna de La Cisterna para rendir declaraciones, pero lo cierto es que con posterioridad testigos lo vieron en la casona de Londres 38, uno de los centros de torturas utilizados a la sazón por la DINA, aunque después no hubo noticias de su paradero.
Además de Contreras, el ministro Llanos encausó a Miguel Krassnoff y a Marcelo Moren, los tres actualmente recluidos en el penal especial de Punta Peuco, en la comuna de Til Til, donde cumplen en conjunto penas cercanas a los 600 años de cárcel.
En Londres 38, que fuera una de las sedes del Partido Socialista, la otrora DINA estableció a fines de 1973, en pleno centro de la capital chilena, un centro de torturas donde llegó a reunir alrededor de 60 detenidos, tanto hombres como mujeres.
Más de tres mil personas fueron ejecutadas durante la dictadora Pinochet, y de ellas se desconoce el paradero de más de mil.
En octubre último el abogado de Contreras, René López, aseguró que el general (r) y otros exagentes de la DINA estaban dispuestos a entregar información sobre los lugares donde se encuentran restos de personas desaparecidas, a cambio de beneficios carcelarios que no precisó.
La oferta causó indignación en organizaciones defensoras de derechos humanos, en particular en las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y de Ejecutados Políticos.
Esta última presentó incluso una denuncia criminal por obstrucción de la justicia, contra López y otras personas poseedoras de información que permita ubicar los restos de víctimas de la dictadura, cuyo paradero se desconoce.