México, 13 nov (PL) El Gobierno mexicano negocia hoy con Estados Unidos un acuerdo de alcance multinacional que limita la libertad de acceso a Internet y obliga a suprimir contenidos en nombre de la propiedad intelectual, consideraron organizaciones civiles.
De acuerdo con revelaciones de Wikileaks, Washington gestiona en el más alto secretismo el Tratado de Asociación Transpacífica (TPP).
La información entregada por el portal digital a varios países y organizaciones, entre ellos el diario mexicano La Jornada, señala que ese pacto considera la aplicación de sanciones contra aquellos proveedores de servicios que no realicen tareas de fiscalización.
Un borrador del capítulo propiedad intelectual del TPP establece la creación de tribunales supranacionales para regular la aplicación de nuevas normas en materia de derechos de autor, lo que, al decir de Wikileaks, dañaría significativamente el acceso libre a la cultura y a la educación en la red.
Pero las regulaciones recogidas en el tratado no afectarían solo a Internet, pues también regularían el comercio de fármacos, el copyright, la legislación sobre patentes y a la industria sanitaria.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, manifestó que el arreglo pisotearía los derechos individuales y la libertad de expresión, pues si lees, escribes, publicas, piensas, escuchas, bailas, cantas o inventas, consumes comida, o si no estás enfermo pero puedes estarlo un día, el TPP te tiene en su punto de mira.
Sobre las informaciones difundidas por La Jornada a partir de la filtración de Wikileaks, organizaciones de defensa del consumidor como la norteamericana Public Citizen señalaron la intención de Estados Unidos de obtener reglas comerciales para limitar la libertad de la red de redes a lo largo de la región Asia-Pacífico.
El texto incluye propuestas para controlar la libertad de Internet y el acceso a materiales educativos, con la finalidad de forzar a los proveedores a cortar a la gente el acceso al ciberespacio, apuntó Burcu Kilic, experto en temas de propiedad intelectual de Public Citizen.
Según señaló a La Jornada el presidente de la organización chilena Derechos Digitales, Claudio Ruiz, las propuestas contenidas en el borrador avanzan en la dirección que llevaba la llamada Ley para detener la piratería en línea, conocida como SOPA.
Las siglas aluden a una iniciativa surgida en el Congreso estadounidense en 2011 y que tenía como finalidad expandir al mundo las atribuciones de la ley norteamericana para combatir el tráfico de contenidos con derechos de autor y bienes falsificados a través de Internet.