Un juez federal ratificó el auto de formal prisión que dictó en octubre pasado contra Elba Esther Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por su presunta responsabilidad en el delito de evasión fiscal por 2 millones 190 mil pesos.
Rubén Darío Noguera, juez 14 de distrito de procesos penales federales en la Ciudad de México, tuvo que pronunciarse de nuevo porque un tribunal federal detectó que no agotó el tiempo para valorar las pruebas que ofreció a su favor la maestra, violando así el debido proceso.
El pasado lunes, Graciela Santés Magaña, magistrada del cuarto tribunal unitario en materia penal, ordenó la reposición del procedimiento y dar cumplimiento al vencimiento del plazo de 31 horas con 51 minutos que restaban en el término constitucional de la etapa de preinstrucción para que Elba se defendiera.
Ayer, el juez en primera instancia confirmó su fallo, una vez que realizó todos los actos ejecutivos necesarios para lograr el desahogo de las pruebas ofertadas por
la defensa de Elba Esther.
La comparecencia tuvo que realizarse el pasado lunes a las 20:00 horas; empero, la SHCP informó que sus dos peritos comenzaron sus vacaciones ese mismo día, mientras que la PGR informó que sus peritos se encuentran comisionados en Jalisco.
Por su parte, la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, restó importancia al fallo del tribunal porque no tenía nada de fondo.
«El día de ayer notificaron a la PGR de una resolución, una sentencia de apelación…(el tribunal) no se está pronunciando de fondo sobre nuestra acusación… no tiene mayor alcance en lo que es y, desde luego, la señora sigue presa y no tiene por efecto, esta resolución en concreto, dejarla en libertad», comentó.
En tanto, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, desestimó el fallo del tribunal, pues dijo que una vez que fuera aceptada la prueba reclamada se dictaría un nuevo auto de formal prisión.
Cabe mencionar que Gordillo tiene pendiente otro proceso, el cual está en revisión de un tribunal unitario, ya que un juez le concedió un amparo contra los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.