México, 14 nov (PL) Organizaciones y académicos mexicanos exigen hoy al Gobierno hacer públicas las negociaciones que se llevan a cabo con Estados Unidos y otros 10 países sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).
La víspera, el diario La Jornada difundió revelaciones realizadas por Wikileaks, según las cuales el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto negocia un convenio de alcance multinacional que limita la libertad de acceso a Internet y obliga a suprimir contenidos en nombre de la propiedad intelectual.
Un borrador del TPP establece la creación de tribunales supranacionales para regular la aplicación de nuevas normas en materia de derechos de autor, lo que, de acuerdo con el portal digital, dañaría significativamente el acceso libre a la cultura y a la educación en la red.
Ante esas informaciones, la Asociación Mexicana de Internet (Amipci) y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), así como consultores y académicos, advirtieron que el Gobierno no debe comprometerse en el TPP a regular el uso de Internet con el pretexto de proteger la propiedad intelectual.
Según señalaron a la Secretaría de Economía y otras entidades federales participantes en la negociación, el Estado no puede delegar en los proveedores de servicios de Internet (PSI) su obligación de perseguir y castigar a quienes cometan cualquier tipo de delito en la red.
Las asociaciones y especialistas en la materia demandaron que se realicen consultas y foros en los que puedan participar autores, usuarios, organizaciones de consumidores, académicos, consultores y los PSI, porque es la única manera de tener información, reclamar, organizarse y diseñar propuestas sobre lo que realmente necesita México, sin violar derechos elementales de autores y usuarios.
De acuerdo con el director general de la Amipci, Julio César Vega, ese organismo fue convocado por la Secretaría de Economía para tratar las negociaciones sobre propiedad intelectual en el TPP, y en esos encuentros la entidad dejó claro que el Estado no puede delegar su obligación de perseguir y castigar los delitos cibernéticos en los PSI.
Manifestó que imponer más barreras al uso de Internet sería contraproducente en un país como México, donde la penetración de esa red es de apenas 35 por ciento de la población, contra niveles mucho más altos de los países con los que se está negociando.
En tanto, el presidente de la Amedi, Agustín Ramírez, dijo que regular los contenidos en la red de redes viola el derecho a la información de los usuarios, va en contra de la reforma constitucional al sector telecomunicaciones, no es una medida válida para proteger los derechos de autor y limita la posibilidad de que en el mediano plazo más mexicanos tengan acceso a banda ancha.
Por su parte, el académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México Ramiro Tovar consideró que de aprobarse el convenio en los términos revelados, los compromisos contraídos se convertirían en instrumentos proteccionistas, incoherentes con un acuerdo que debe tener objetivos de apertura y de competencia.