Madrid, 14 nov (PL) La Plataforma Estatal por la Escuela Pública entregó hoy en el Palacio de la Moncloa (sede gubernamental) más de un millón 750 mil firmas contra la reforma educativa del Gobierno español, calificada de elitista y segregadora.
Representantes del citado colectivo, integrado por asociaciones de padres, sindicatos de la enseñanza y alumnos, registraron en la Presidencia del Gobierno las firmas recolectadas en su denominada consulta ciudadana contra los recortes en la educación.
Desde el 23 de septiembre y hasta el 27 de octubre, los ciudadanos pudieron votar respecto a si están de acuerdo o no con los duros ajustes en la inversión educativa impulsados por el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy, en su afán por reducir el déficit fiscal.
La plataforma en defensa de la instrucción estatal manifestó su malestar porque ningún miembro del Gobierno les recibió en la sede del poder central.
«Un sello es lo que demuestra el respeto que tienen por la comunidad educativa», afirmó el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), Jesús Sánchez, tras registrar el resultado de la encuesta en la Moncloa.
No obstante, Sánchez destacó que la consulta fue un éxito sin precedentes y recogió una posición de absoluto repudio de la sociedad a los recortes y a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
El 99,1 por ciento de los encuestados se mostró contrario a la poda de los presupuestos destinados a la enseñanza y 98,32 por ciento exteriorizó su oposición a la Lomce, reveló el dirigente de la Ceapa, que representa a más del 80 por ciento de las familias de escolares.
Rajoy afrontó el pasado 24 de octubre la segunda huelga del sector educativo en menos de un año, en rechazo a las medidas de austeridad aplicadas por su administración.
Profesores, padres y alumnos de todos los niveles -desde infantil hasta la universidad- secundaron de manera masiva la protesta, segunda que convocó la Plataforma Estatal por la Escuela Pública tras la protagonizada en mayo de este año, también con un gran respaldo.
Entre otras impopulares medidas, la Lomce incrementa las tasas universitarias, reduce la capacidad de decisión de las autonomías, que tienen transferidas las competencias en la enseñanza, suprime la selectividad e introduce exámenes de reválida al final de cada ciclo.
Estudiantes, docentes y familias reprocharon los cambios promovidos por el ministro español de Educación, José Ignacio Wert, al estimar que son contrarios a la igualdad de oportunidades y favorecen la privatización de la escuela pública.
Cataluña, Canarias, Asturias, País Vasco y Andalucía son algunas de las 17 comunidades autónomas de este país europeo que exteriorizaron su repudio a la también conocida como Ley Wert (por el apellido del ministro).