En el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 2014, se rechazó una propuesta del diputado Miguel Alonso Raya, que buscaba reasignar 30 millones de pesos del erario público que se invierten cada año para pagar el personal de apoyo de los cinco expresidentes y reasignar ese recurso a la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVICTIMA).
Al proponer una reserva en este sentido, Alonso Raya pidió el voto a favor de sus correligionarios, “con lo que se demostraría que realmente se estaría haciendo un esfuerzo por recortar gasto que no se justifica y canalizar más recursos a necesidades apremiantes del país”. Sin embargo, en votación económica, esta propuesta fue rechazada.
En su argumentación, el también Vicecoordinador de los legisladores perredistas informó que de acuerdo con datos en poder de la Cámara de Diputados, en 2013 se destinaron 10.9 millones de pesos de recursos públicos, para pagar las pensiones de los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari y Luis Echeverría.
“Adicionalmente, se invirtieron 29.7 millones de pesos para el personal de apoyo de los exmandatarios, sin considerar elementos del Estado Mayor Presidencial a su servicio”, señaló.
Puntualizó que este gasto aumenta considerablemente con el pago de bonos, aguinaldos, compensaciones, salarios de escoltas y personal de ayudantía; pago de servicio telefónico; automóviles para familia y escoltas; y servicios domiciliarios. De esta manera, precisó, “durante este año se destinaron para los expresidentes 40.6 millones de pesos”.
El legislador por Guanajuato apuntó que los exjefes del ejecutivo federal reciben individualmente al mes un ingreso bruto de 205,122 pesos, como pensión mensual, a excepción de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, quienes renunciaron a ella, aunque sí perciben los recursos para su equipo de colaboradores.
El expresidente que más dinero recibe del erario público es Felipe Calderón, quien tiene a su disposición 19 personas, sin contar los elementos que le brindan seguridad, lo que implica una erogación de 819 mil 547 pesos al mes, comentó.
En tribuna, Alonso Raya explicó que “lo que estamos planteando es quitarle a los expresidentes los recursos públicos con que se les paga al personal administrativo a su servicio, no tocamos el gasto que implica el personal de Estado Mayor Presidencial, que les proporciona seguridad, ni estamos planteando siquiera quitarles la pensión”.
En consecuencia, precisó, “se reducirían 30 millones de pesos al pago de servicios personales y de apoyo a los expresidentes de la República, y se destinarían a PROVICTIMA.
“A partir de la aprobación y modificación de la Ley General de Atención a Víctimas, como organismo descentralizado, como lo es ahora PROVICTIMA, sus funciones corresponden a una estructura más amplia, ejerciendo una labor de atención, contención y servicio a las víctimas que no pueden, de ninguna manera, dejar de realizarse; por el contrario, debemos avanzar en cubrir las carencias que aún se tienen en ese sentido y que son, sin duda, cuantiosas”, concluyó.