La Comisión de Seguridad Pública recibió una iniciativa para limitar el uso de aparatos de telecomunicación en los penales, pues el personal administrativo los facilita a los reos para que extorsionen y amenacen, “a cambio de una cuota o remuneración”.
En la iniciativa que impulsa el diputado Javier Filiberto Guevara González (PRI), se detalla que actualmente la prohibición para acceder a teléfonos celulares o equipos de cómputo está dirigida a los presos, y en menor medida a los trabajadores de los centros penitenciarios.
El documento explica que son sobre todo los custodios quienes burlan los deficientes e ineficaces sistemas internos de seguridad y vigilancia para entrar en contacto directo con los reos y proporcionarles el servicio de llamadas y mensajes, a fin de que realicen actos ilícitos hacia al exterior.
Con una modificación al 14 Bis de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados, se busca restringir el uso de los equipos de cómputo, tablets, celulares y cualquier otro dispositivo, y sólo permitir a los vigilantes el manejo de los radios conocidos como Matra y los teléfonos fijos a las autoridades administrativas de cada penal, exclusivamente.
Con esto se pretende evitar que los reos utilicen estos aparatos como medio para extorsionar y amenazar a personas quienes al desconocer la circunstancia en la que se encuentran, “caen fácilmente como víctimas de este tipo de delitos».
En la iniciativa, el diputado Guevara González resalta que para evitar que estos delitos se perpetren dentro de las cárceles es necesario promover jurídicamente la prohibición absoluta de la utilización de dispositivos dentro de los reclusorios, ya que este tipo de aparatos “representan un peligro y un arma moderna para los reos en perjuicio de los ciudadanos”.
Indica que la reforma permitiría terminar con la circulación de aparatos de comunicación telefónica por todos los penales del país, fenómeno que no sólo se ha tolerado, sino que se ha permitido por parte de las autoridades encargadas de la vigilancia, a cambio de sobornos.
Asegura que las reglas aprobadas para prevenir éste fenómeno no han dado el resultado esperado. Un ejemplo son los “Lineamientos de colaboración entre autoridades penitenciarias y los concesionarios de servicios de telecomunicaciones y las bases técnicas para la instalación y operación de sistemas de inhibición”, aprobados por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.
En ellas se establecen los acuerdos necesarios para que en el ámbito técnico operativo, la Federación y los estados, en colaboración con los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, cancelen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, dentro del perímetro de los centros de readaptación social, sin que excedieran en ningún caso veinte metros fuera de las instalaciones, a fin de garantizar la seguridad de los servicios a los usuarios externos.