Buenos Aires, 30 nov (PL) El gobierno argentino espera concretar la próxima semana el acuerdo que propuso a Repsol, para compensarla por la reestatización el pasado año de la empresa argentina YPF, y que en principio aceptó la petrolera española.
Al menos así, coincidieron por separado el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, sobre un tema que suscitó la atención pública en ambos países y dominó los principales titulares de la prensa argentina durante la semana que termina.
El tema central gira en torno al resarcimiento que cobrará Repsol a cambio del 51 por ciento de las acciones que poseía en la petrolera YPF que el Estado argentino le expropió en abril de 2012.
En rueda de prensa el viernes, Capitanich adelantó que la semana próxima comenzará la discusión con Repsol para precisar el precio, así como las condiciones y el instrumento de pago de la compensación. El jefe de Gabinete advirtió que se trata de una negociación auspiciosa.
Por su parte, el ministro de Economía, Axel Kicillof, principal artífice de la nacionalización de YPF, dijo que espera que el acuerdo con la compañía española se concrete rápidamente, aunque alertó que aún quedan muchas cosas por discutir.
Kicillof adelantó que una vez se elabore el documento final se dará a la publicidad; «estamos muy esperanzados en el impulso decisivo que tomó este asunto», remarcó.
En declaraciones al canal CN23, el ministro sostuvo que desde el gobierno «siempre hemos querido ver cerrado este asunto y esperamos que el mismo impulso que mostró la compañía Repsol sea el que siga mostrando; nosotros estamos esperanzados en la negociación».
Capitanich rebatió un artículo del diario Clarín, acérrimo enemigo del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, que en opinión del jefe de Gabinete distorsiona la realidad acerca del acuerdo y la probable suma compensatoria que debería abonar la Casa Rosada.
Clarín, cuyos ejecutivos encaran dos querellas por lavado de dinero, una por la compra ilícita de la empresa Papel Prensa en presunta complicidad con la junta militar de la última dictadura (1976-1983) y el otro por irregularidades con los fondos jubilatorios, estimó que el costo financiero de la operación sería de ocho mil millones de dólares.
Al respecto, Capitanich advirtió que «cuando uno tiene que medir sobre moneda homogénea, mide sobre la base de lo que vale hoy; si el valor de medición es cinco mil millones de dólares, significa que ese es el valor presente», remarcó y llamó a ser «serios sobre el proceso de discusión».