La presidenta de la Comisión Especial de Lucha Contra la Trata de Personas, diputada Leticia López Landero, denunció que sólo siete entidades del país han homologado su legislación con la actual Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, a un año y medio de la entrada en vigor.
Las que han cumplido, son Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Baja California y Aguascalientes, precisó.
“Tal parece que hay una apatía en los estados y congresos locales, ya que hay quien afirma que no tiene sentencias, porque no hay denuncias, cuando sabemos que en todos lados existen antros donde se ofrecen a niñas”, añadió.
Recordó que desde la Comisión Especial se han impulsado diversos exhortos para que los gobiernos locales incluyan en sus agendas el tema de la trata de personas, pues es un delito que afecta a niñas, niños y jóvenes, por lo que es necesario que desde el Poder Legislativo se promueva la prevención.
López Landero adelantó que a partir del 2014 esta instancia legislativa visitará los estados del país, para que homologuen su legislación en materia de trata de personas e intensificar la prevención de este delito a nivel local.
En reunión de trabajo con expertos en materia penal, para analizar una nueva ley general de víctimas, consideró que antes de aprobar otro ordenamiento, es necesario conocer los resultados de la legislación actual.
“La que tenemos es muy joven, por lo que debemos checar hasta dónde ha tenido alcance, ya que hay entidades que ni siquiera la han aplicado”, propuso.
Recordó que en el Senado de la República se presentó una iniciativa de reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, cuyo propósito es constituir un nuevo ordenamiento.
Por ello, subrayó que se invitará a las proponentes de la iniciativa a que den su punto vista, ya que la propuesta elimina algunos beneficios y les devuelve a los tratantes diversas garantías que la actual ley les quitó.
Leticia López subrayó que la trata de personas no puede ser vista con propósitos personales ni plataformas de partidos políticos, pues es una problemática que lastima a la sociedad y, en particular, a la niñez del país.
En la mesa de trabajo, especialistas y académicos se pronunciaron por hacer un análisis de la implementación de la actual ley, y solicitaron que las víctimas de la trata sean defendidas de diferente forma a las de otros delitos.
Leticia Bonifaz Alonzo, ex Consejera Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, resaltó que el delito de trata de personas es real y castiga a los más vulnerables, y añadió que el actual ordenamiento es claro, coherente y completo, lo que garantiza eficacia.
Puntualizó si se tiene una ley de trata joven, es difícil concluir que no está siendo eficaz, por lo que, antes de revisar un nuevo proyecto, “se debe ver qué pasa con la vigente, qué ventajas tiene y cómo está construida”.
En tanto, Rafael Zamudio Arias, actual integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, defendió la ley vigente en materia de trata de personas: “tiene errores, pero es perfectible como toda legislación”.
Dijo no compartir la visión de una nueva norma, ya que es contradictoria en diversos artículos, pues sólo reconoce como bien jurídico el libre desarrollo de la personalidad de la gente, cuando éste incluye la vida, dignidad, libertad, integridad, seguridad y libre desarrollo de las personas.
María Teresa Paredes, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, expresó que las víctimas de trata de personas nunca van a sentir confianza en alguna autoridad, ya que en muchas ocasiones policías, jueces y ministerios públicos acuden a lugares donde son ofrecidas.
Resaltó que es necesario establecer un fondo para las víctimas de trata, ya que este ilícito es pluriofensivo, viola diferentes bienes jurídicos, es un delito con víctimas especiales, por lo que “quitarle sus agravantes ni tiene razón de ser”.
A su vez, Julio César Guillén Bonifaz, ex asesor de la Procuraduría General de la República, afirmó que esa iniciativa del Senado violenta los derechos humanos de las mujeres y aseguró que el vigente ordenamiento establece una clara coordinación entre federación, estados y municipios para dar un mejor trato a las víctimas.
Mencionó que cambiar la actual ley es aventurado, porque no hay una experiencia de cómo funciona. “Me parece que muchos de los cambios que se plantean con esta iniciativa, es para beneficiar y sacar a sentenciados que hoy están purgando su condena, ya que busca ablandar los tipos penales”, sostuvo.