La senadora panista Mariana Gómez del Campo presentó una propuesta de reforma política para el Distrito Federal, a fin de convertir a la capital del país “en una entidad sui generis”, que no tendría el carácter de un estado de la República, pero sería reconocida como “una parte integrante de la Federación”.
Además –explicó– seguiría siendo sede de los poderes de la Unión, capital de México y “conservaría las atribuciones de avanzada que actualmente tiene conforme a su característica única en el país, mientras sus órganos de gobierno serían transformados en auténticos poderes, de esta nueva entidad”.
La legisladora planteó que la denominación de esta entidad sea “Ciudad de México” y se suprima el nombre de “Distrito Federal”.
Explicó que la Ciudad de México gozaría en adelante del derecho a ser considerada parte del Constituyente Permanente, y como tal, estaría equiparada a una legislatura local para el efecto de votar y computar las reformas a la Constitución Federal.
A su cuerpo legislativo se le denominaría Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y estaría dotado del derecho a iniciar leyes federales ante el Congreso de la Unión.
De igual manera, propuso que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal sea nombrado Gobernador de la Ciudad de México y los órganos político-administrativos –conocidos como delegaciones– se transforman en alcaldías.
Asimismo, sugirió la creación del Estatuto Constitucional de la Ciudad de México, que sustituiría al actual Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el cual sería creado por la actual legislatura del Congreso de la Unión, “conforme a los mecanismos que para la creación de leyes y decretos federales se disponen en el artículo 72 de la Constitución”.
Dicho Estatuto, agregó, deberá garantizar que su contenido refleje la composición pluricultural y la diversidad política de la Ciudad de México y se sujete a los principios y al espíritu de la Constitución.
En cuanto a la integración de las alcaldías, la senadora propuso que se reconozca a los alcaldes como autoridad local, se dote a este nivel del gobierno de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de capacidad para suscribir convenios con la Federación, municipios, otras alcaldías, empresas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones.
Las alcaldías, dijo, contarían con atribuciones plenas en materia de verificación, facultades para la atención de servicios en vialidades primarias, emisión de usos de suelo, entre otras.
Aunado a ello, tendrían un cuerpo llamado Concejo de la Alcaldía, a fin de permitir la gobernabilidad y que incorporaría de manera proporcional la representación política, además estaría integrado por concejales, cuyo número se determinará de acuerdo a criterios demográficos.
Por otro lado, precisó que esta reforma busca que el Presidente de la República conserve el mando de la fuerza pública de la Ciudad de México, en los actuales términos que establece la Constitución.
De igual manera –subrayó– el Ejecutivo Federal conservará la atribución de designar al servidor público que tenga a su cargo el mando de dicha fuerza, a propuesta del Gobernador de la Ciudad de México y de removerlo libremente motu proprio o a solicitud de aquél.
El Senado de la República también conservará la atribución exclusiva para remover al Gobernador de la Ciudad de México por causas graves que afecten las relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público en la capital.
Sin embargo, recalcó que la Ciudad conservará el esquema de mando único y centralizado en materia de seguridad pública que actualmente tiene y el gobernador podrá nombrar y remover al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México.
La aprobación de ese funcionario, aclaró, ya no será responsabilidad del Presidente de la República sino de la Asamblea Legislativa, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
Gómez del Campo planteó que la presidencia de la Comisión de Gobierno y la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa sean rotativas de manera anual entre los partidos que conformen un porcentaje de curules de por lo menos 16 por ciento del total, a efecto de que funcionen de manera similar a sus equivalentes en las cámaras del Congreso de la Unión.
Otro de los puntos importantes de la reforma, destacó, es la creación de entidades de gestión metropolitana, las cuales contarán con personalidad jurídica, autonomía y presupuesto.
La iniciativa que busca modificar diversos artículos de la Constitución se envió a las comisiones de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictaminación correspondiente.