México, 9 dic (PL) El Senado mexicano continúa hoy el debate de la reforma energética propuesta por el Ejecutivo, mientras varios especialistas advierten que la medida traerá consigo la pérdida de la soberanía en el sector de los hidrocarburos.
El borrador de 296 cuartillas presentado este fin de semana por las comisiones unidas de Energía y Puntos Constitucionales muestra varias modificaciones con relación a la iniciativa inicial formulada por el presidente Enrique Peña Nieto.
Según el nuevo texto, se permitirá la participación de los inversores particulares en la exploración y extracción de petróleo de México, hecho que no ocurría en el país desde la nacionalización de esa industria por parte del expresidente Lázaro Cárdenas, en 1938.
La minuta que se discute ahora en comisiones comprende cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna y establece 21 artículos transitorios para delinear el contenido fundamental de las leyes secundarias vinculadas a la medida.
De acuerdo con Rosío Vargas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, el dictamen establece una privatización total de la cadena de producción, al quitarle la prerrogativa estratégica al Estado, lo que para el sector energético significa su extinción.
Para la especialista en temas de geopolítica, la reforma equivale a la pérdida de soberanía nacional, que tendría que ver con tres elementos fundamentales.
El primero de ellos, apuntó al diario La Jornada, es la cuestión territorial a través de concesiones, porque los contratos invitan al sector privado a que pueda acceder a parte de la producción y de la renta.
Pero le entregan el petróleo y simplemente le piden una regalía y un impuesto sobre la renta, y esto puede ser una mínima contribución para lo que se va a llevar, esto implica un control territorial, sobre todo si se van a asignar bloques a las grandes transnacionales, manifestó.
La segunda muestra de cesión de soberanía, según la experta, es la pérdida gradual de regulación y del diseño de la política energética por parte del Estado, mientras la tercera está vinculada con la renuncia a que el Estado garantice la seguridad energética.
Con respecto al artículo sexto transitorio, Fluvio Ruiz, consejero profesional de la estatal Petróleos Mexicanos, afirmó que se trata de un tema particularmente grave.
Al decir de Ruiz, obliga a la compañía a acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva.
Para el especialista, esa obligación debería eliminarse o, de lo contrario, sería necesario ampliar el periodo de tiempo para acreditar esas capacidades a 365 días, y no a las 60 que se están considerando en la actualidad.