Bogotá, 10 dic (PL) El delegado de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, anunció hoy que la sanción impuesta al alcalde de Bogotá será analizada por esa organización al estar relacionada con los derechos humanos de una persona elegida mediante voto popular.
La víspera el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó de su puesto a Gustavo Petro y lo inhabilitó para ejercer un cargo público durante 15 años, por irregularidades en su gestión al poner en marcha un nuevo esquema de aseo en la ciudad, encomendado en 2012 a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, arguyó.
Hochschild se pronunció al respecto en la Casa de Nariño, sede de la presidencia de la República, donde asistió a la entrega de un informe sobre derechos humanos.
Ya pedimos una cita con el Procurador, dijo, «es importante hablar sobre jurisprudencia existente, en razón de derechos humanos, en este tipo de casos».
El Procurador tiene su mandato y está actuando acorde con su mandato, pero también tiene que respetar los derechos humanos, enfatizó.
Uno de los temas que el representante de Naciones Unidas se propone analizar con la Procuraduría es el concerniente al derecho de quienes votaron por Petro.
En correspondencia con eso pedirá una copia del fallo para conocer a fondo el dictamen, aclaró.
«Tenemos que hablar sobre los derechos de los ciudadanos de Bogotá que votaron por el alcalde, añadió. Es importante que la Procuraduría entienda que hay jurisprudencia del Comité de Derechos Políticos y Civiles, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
La medida aplicada por Ordóñez provocó un rechazo masivo de la ciudadanía, que desde ayer empezó a concentrarse en la céntrica Plaza Bolívar en respaldo al alcalde.
Quienes están hoy aquí son los que quieren acompañarme a cambiar la historia, los pobres de la tierra, los trabajadores, las juventudes, las mujeres, los discriminados, afirmó Petro al dirigirse a la multitud congregada ante el Palacio de Liévano, recinto de la Alcaldía.
El repudio a la medida abarcó un amplio espectro de sectores sociales y políticos, que califican la destitución de golpe a la institucionalidad y al voto de los más de 700 mil bogotanos que eligieron a Petro.
El senador Armando Benedetti, entre otras muchas voces, cuestionó la decisión de Ordóñez y propuso abrir un debate nacional sobre los «superpoderes del jefe del Ministerio Público para destituir a un funcionario de elección popular.» Ha puesto en riesgo la seguridad política de una ciudad completa, subrayó.