Montevideo, 10 dic (PL) Pese a fuertes críticas de la oposición de derecha, el gobierno del presidente José Mujica logró la aprobación parlamentaria de la polémica ley que busca regular la producción y comercialización por el Estado de la marihuana.
La votación, alcanzada después de 12 horas de debate, fue por una mayoría frenteamplista en el Senado de 16 votos a favor y 13 en contra.
Tras el ejercicio, transmitido en directo por televisión, el gobierno tiene 120 días para redactar la reglamentación de la ley antes de ser promulgada.
Los senadores gubernamentales argumentaron que esa legislación es necesaria para «quitarle el mercado a los narcotraficantes», ya que la represión sola a los traficantes ha fracasado.
A lo largo del día, numerosos miembros de la oposición cuestionaron el proyecto del gobernante Frente Amplio, incluso alegando que era inconstitucional, e insistieron, más bien, en una política de mano dura contra los traficantes.
Por ejemplo, el senador Alfredo Solari, del Partido Colorado, se quejó que nos podemos convertir en un foco regional para el turismo de cannabis, como lo teme la región.
El senador Jorge Larrañaga, del Partido Nacional, a su vez, expresó su temor de que, al final, la marihuana estatal termine en el mercado negro y opinó que todo es una enorme improvisación de parte del gobierno.
Otros opositores cuestionaron la capacidad del Estado para controlar las disposiciones legales, que señalan una venta limitada, mediante farmacias, a consumidores registrados.
En defensa del proyecto, el senador Luis Gallo, del Frente Amplio, negó que hubiera improvisación y aseveró que se hizo cumpliendo con la Constitución y para cuidar la salud de la población. «Esta ley intentará disminuir el consumo y aumentar la percepción de daños», agregó.
El proyecto aprobado, de 44 artículos, enmarca la regulación en una «política de protección de la salud de la población y alerta sobre los daños que provoca el consumo de drogas y la necesidad de incrementar las políticas de prevención educativas y sanitarias».
Al definir que el Estado tendrá el monopolio de la regulación y control de la producción, acopio y expendio de la marihuana, la ley sostiene que trata de proteger a la población del narcotráfico.
Entre las normas específicas, plantea la creación de registros de los usuarios por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), dependiente del Ministerio de Salud Pública, y crea además una Unidad de Evaluación y Monitoreo del cumplimiento de la ley.