México, 10 dic (PL) Académicos, analistas, consejeros electorales, y estudiantes rechazaron la aprobación en México de la reforma político-electoral, al considerar que carece de coherencia y consistencia por su rápida aprobación.
En una carta dirigida a la opinión pública, al Congreso de la Unión y a la mesa del Pacto por México, los firmantes manifiestan que la reforma política estuvo presionada por la prisa de la reforma energética, lo que precipitó decisiones, hizo prescindir los diagnósticos más serios y acumuló propuestas.
De acuerdo con la misiva, difundida este martes por medios locales, el Pacto por México cometió su mayor error al condicionar el contenido y el tiempo de una reforma por otra.
La político-electoral ya recibió la luz verde del Senado de la República y la Cámara de Diputados, pues fue la exigencia realizada por el Partido Acción Nacional para pasar al debate de la energética.
Sin embargo, para los signatarios de la carta, elaborada por el Instituto para la Transición Democrática, la víctima principal de esa condición puede ser el sistema electoral que tantos esfuerzos y recursos le llevó a los mexicanos durante dos décadas.
En lo electoral, afirman, la iniciativa tiene problemas de concepto y concreción, los cuales debilitan una asignatura que en buena hora las propias fuerzas políticas habían solucionado al crear el Instituto Federal Electoral, cuya desaparición está prevista en la nueva legislación.
Una de las mayores preocupaciones de los firmantes es la modificación a las bases de las elecciones en México, que, según apuntaron, habían funcionado admirablemente bien y han sido el fundamento de la competencia democrática y de la estabilidad política a lo largo de 20 años.
El texto señala, además, una de las conclusiones del Instituto sobre la actuación en materia electoral, de acuerdo con la cual la medida no busca corregir o mejorar el sistema electoral, sino que lo reformula de manera radical.
La misiva critica, asimismo, la elevación de un dos a un tres por ciento en el porcentaje mínimo necesario para que los partidos políticos conserven su registro, lo que fue calificado de un retroceso neto.
Se trata de una disposición que echa un nuevo cerrojo al sistema de partidos, cuya puerta debería estar permanentemente abierta, como exige el mínimo estándar democrático, agrega el documento.