México, 11 dic (PL) El avance en la Cámara de Diputados mexicana de la Ley de Manifestaciones Públicas en la capital, despierta hoy las críticas de formaciones de izquierda y organizaciones de la sociedad civil.
La víspera, las comisiones unidas del Distrito Federal y la de Derechos Humanos aprobaron por mayoría en lo general el dictamen relativo a esa medida, propuesta por el parlamentario Jorge Sotomayor, del conservador Partido Acción Nacional.
De acuerdo con el legislador, el objetivo de la iniciativa será garantizar, por un lado, el derecho de los manifestantes a expresar sus inconformidades y, por el otro, el de los ciudadanos a transitar libremente en la ciudad.
La ley regula el uso de vías para la realización de manifestaciones y, entre otros aspectos, prohíbe el bloqueo total de calles y el uso de arterias primarias o de un solo carril.
También prevé horarios, pues las actividades solo se realizarán entre las 11:00 y las 18:00 horas, al tiempo que quienes deseen realizar actos públicos de ese tipo deberán dar aviso con 48 horas de antelación a las autoridades.
La legislación estipula una multa de 21 a 30 días de salario mínimo o con arresto de 25 a 36 horas a quienes alteren, pinten, maltraten o hagan uso indebido de bienes de propiedad de la federación, del DF o de particulares.
Para los diputados de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y el Movimiento Ciudadano, el dictamen es regresivo, fascista y viola las facultades de la Asamblea Legislativa local y el Estado de Derecho de la ciudad.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Perla Gómez, rechazó la minuta por censurar el contenido de las manifestaciones y transgredir el ámbito capitalino.
Para el diputado perredista Roberto López el requerimiento de un permiso para protestar inhibe los derechos, al tiempo que los horarios son una limitante a la libre expresión y asociación.
A su vez, más de 70 organizaciones de todo el país exigieron a la Cámara baja no avalar la ley, pues sostienen que violenta la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Entre las agrupaciones que rechazan la medida, destacan Alianza Democrática de Organizaciones Civiles, Artículo 19, Centro Tlachinollan, Centro Prodh, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y la Red Todos los derechos para todos y todas.