Buenos Aires, 12 dic (PL) Las fuerzas de seguridad deben ser conducidas por el poder político y civil, planteó hoy el ministro argentino de Defensa, Agustín Rossi, quien consideró, además, los acuartelamientos policiales «actos que en democracia no se pueden permitir».
En declaraciones a la prensa esta tarde, Rossi abordó el tema de la extorsión por parte de sectores de la policía provincial para exigir aumentos salariales, y cuyos paros abrieron un vacío de seguridad en varias localidades que motivaron actos vandálicos y saqueos.
Unos mil 900 comercios fueron saqueados, y las pérdidas son calculadas en unos 91 millones de dólares, además que registrarse el saldo de 14 muertos y un estimado de unos 300 heridos.
El ministro de Defensa sostuvo que «las fuerzas de seguridad son el principal instrumento que tienen los Estados modernos para garantizar la seguridad a los ciudadanos y cuando se auto acuartelan dejan indefensa a la sociedad e incumplen con la misión básica que tienen».
«Esta situación distorsiona un principio básico que tienen las fuerzas de seguridad que es el principio de verticalidad y de obediencia», remarcó.
Además, estimó que con esta actitud «las fuerzas de seguridad van a salir más desprestigiadas que antes de este conflicto».
Sus declaraciones coinciden con otros llamados desde distintos sectores políticos, sociales, judiciales e intelectuales de la necesidad de una reestructuración y reforma policial, al igual que se debatió y promulgó la Ley de Defensa para reincorporar y reinsertar a las Fuerzas Armadas al proceso democrático luego de la feroz dictadura cívico-militar.
El juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni advirtió que desde que se pasó de la ideología de Seguridad Nacional a la ideología de Seguridad Ciudadana, «la fuerza capaz de desestabilizar es la policial».
«Es una tremenda deuda de la democracia no haber repensado la policía», opinó Zaffaroni, quien sostuvo en entrevista al diario Página 12 que «no hay una policía de integración comunitaria. Creo que hay que pensar en eso».
El secretario de Seguridad de la Presidencia, Sergio Berni, reclamó a la Justicia «una importantísima investigación para identificar a autores materiales e ideológicos» por los saqueos y acuartelamientos policiales ocurridos en distintas provincias del país.
Berni denunció que durante los saqueos hubo policías que «liberaban zonas y conducían a los delincuentes» y los acusó de extorsionar al poder político con las herramientas que les dio la Constitución» a 30 años de la recuperación de la democracia.
El secretario de Seguridad de la Nación también instó a que se investiguen a actores políticos que instigaron la extorsión policial, y varios funcionarios apuntaron, en el caso de la provincia de Buenos Aires, al concejal por el opositor Frente Renovador, en Lanús, Salvador Baratta, un exjefe policial.