México, 18 dic (PL) El gobierno del estado de Guerrero manifestó hoy que la Policía Comunitaria opera desde hace 18 años en las localidades de la entidad como auxiliar en materia de seguridad pública.
De ese modo, la administración respondió a las denuncias realizadas la víspera por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), según la cual los grupos de autodefensa presentes en la región fueron prohijados por la autoridad estatal.
Un documento presentado por ese organismo sobre la situación en Guerrero apuntó que de enero a junio del presente año la autoridad local entregó 11 millones 615 mil pesos -unos 897 millones de dólares- a los grupos de civiles armados.
Pero, al mismo tiempo, el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, denunció que después de brindarles apoyo a esos colectivos, el gobierno guerrerense comenzó a criminalizarlos y a perseguir a algunos de sus miembros.
La administración de la entidad federativa expresó en un comunicado que la Policía Comunitaria está avalada por la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos indígenas.
Es por ello, precisó el texto, que las autoridades de Guerrero han apoyado con equipamiento a esa fuerza, que trabaja en la legalidad, y no así a los autodenominados grupos de autodefensa, carentes de un marco jurídico que los regule.
Sin embargo, la entidad defensora de los derechos humanos señaló observar con preocupación la postura del estado, que en un primer momento apoyó a estos grupos, incluso económicamente, y más recientemente se ha realizado actos como la detención de sus integrantes.
Al mismo tiempo, al presentar el Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública, Plascencia señaló que hasta el momento no advierte acciones que atiendan las causas de fondo que originaron el surgimiento de estos colectivos.
Por el contrario, la CNDH advirtió sobre el aumento de las autodefensas en el sur del país, al señalar que el 65 por ciento del estado de Guerrero está ocupado por ellas.
Según el organismo, ese fenómeno se debe a la creciente violencia que las autoridades no han podido resolver, y se ha ido expandiendo a otros territorios, pues ya existen organizaciones similares en 10 estados.
La CNDH consideró preocupante la presencia de autodefensas en 46 de los 81 municipios de la entidad, porque son contrarios a la ley y reflejan un vacío de poder.
El titular de la Comisión expresó que desde finales de 2012 se comenzó a ver un incremento de estos grupos de habitantes de diferentes comunidades que se arman para enfrentar por sí mismos la situación de delincuencia.
Al mismo tiempo, denunció que a causa de la presencia de las autodefensas, así como de la violencia imperante en el estado, se han documentado dos mil 193 casos de desplazamiento forzoso de habitantes.