Caracas, 18 dic (PL) La política social venezolana cuenta hoy con la inclusión como una prioridad, apoyada en acciones que reflejan en el 2013 un incremento en asignaciones de recursos para salarios y pensiones en el país.
El presupuesto del actual año fijó en 100 mil millones de bolívares (15 mil 873 millones de dólares) los fondos destinados para cubrir esos acápites.
Sin embargo, los ajustes en las remuneraciones realizados por el Gobierno se sumaron a la incorporación de más personas a los beneficios de la jubilación para llevar el gasto por esos conceptos hasta 307 mil millones de bolívares (48 mil 730 millones de dólares).
Según la Asamblea Nacional de Venezuela, en el ejercicio del 2013 se autorizaron más de 250 créditos adicionales por un monto de 278 mil millones de bolívares (44 mil 126 millones de dólares).
Precisamente, de ese financiamiento surgieron las cantidades necesarias para responder a las decisiones del ejecutivo de elevar en torno al 40 por ciento el los salarios de los trabajadores.
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revelan que la nómina del sector público oscila en torno a 2,5 millones de personas.
Unido a ello, los beneficios de la seguridad social extendieron su influencia y ahora llegan a 2,6 millones de venezolanos por concepto de pensiones, los cuales perciben el equivalente al salario mínimo de dos mil 973 bolívares (471 dólares).
Tras la llegada al poder del presidente Hugo Chávez en 1999, la inversión social ocupa un lugar destacado en la gestión del Gobierno, con más de 500 mil millones de dólares asignados a esa actividad en un plazo de 14 años.
Con esa posición, los recursos procedentes de la industria petrolera se redistribuyen de manera más equitativa entre los venezolanos, eliminando el escenario anterior que concentraba las ganancias en manos de unos pocos privilegiados.